Anda circulando por ahí una “convocatoria” absurda y criminal por parte de dueños de giros negros de esta capital para protestar de manera “no pacífica” para presionar a las autoridades para que les permitan abrir sus establecimientos.
Decimos que es criminal ese llamado porque a los propietarios de esos “centros de diversión” no les importa la vida de los clientes ni de sus empleados. Total, ellos, los jefes, pueden permanecer en casita y a control remoto dirigir sus negocios, aunque los que asistan a los mismos se enfermen o mueran de Covid-19.
Argumentan estos descerebrados, porque no se les puede llamar de otra manera, que se deben reaperturar bares, cantinas o “tables”, sólo porque así lo están haciendo en otras ciudades de Veracruz.
¿Pero acaso estos tarados no saben (o hacen como que las virgen les habla) que la semaforización de riesgos sanitarios es diferente en cada municipio, dependiendo del número de casos positivos o defunciones?
El otro detalle es que nadie firma la multicitada convocatoria, y tampoco se advierte que estén convocando los empresarios del ramo restaurantero.
Pareciera más bien que dueños de los giros negros están tratando de medirle el agua a los camotes, para ver si es chicle y pega, y así la autoridad municipal afloja en la aplicación de la Ley Seca y otras medidas que restringen la venta de bebidas alcohólicas.
Es comprensible que los propietarios estén desesperados por abrir nuevamente sus negocios, dada la inevitable descapitalización que probablemente enfrentan, pero tampoco se pueden arriesgar vidas. Y además, la autoridad municipal no inventó estas medidas sanitarias, sino que forman parte de un protocolo establecido por las secretarías de Salud, tanto estatal como Federal.
Ahora que si alguien desea infringir las reglas, que no tengan duda que se usará todo el peso de la fuerza pública, pues de lo que se trata es de tutelar un derecho supremo, que es el derecho a la vida y a la salud. ¿Así o más claro? Sobre aviso, no hay engaño.
