Morena, a través del senador Armando Guadiana, busca reformar la Constitución para desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir y Sancionar la Discriminación (Conapred), el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y, en su lugar, crear un Consejo Nacional de Derechos Humanos.
En los artículos transitorios se establece que la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, lo sería también del Consejo Nacional de los Derechos Humanos hasta el 11 de noviembre de 2024.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, defendió el derecho de Guadiana a presentar una iniciativa y de entrada no la descartó.
Monreal explicó que no se puede descalificar a priori esa iniciativa y que habrá que estudiarla a fondo. “Ya el grupo decidirá su futuro”, explicó.
Según la iniciativa, el Consejo Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia para prevenir, investigar, defender, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, pero no tendrá competencia para pronunciarse respecto de resoluciones del Poder Judicial y otros órganos jurisdiccionales.
Dicho Consejo velaría también por la no discriminación y garantizaría el derecho de los niños, niñas y adolescentes, derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, derechos civiles y políticos, según su iniciativa
Además, sería el encargado de atender al actor demandando en la asesoría y defensa en los procesos jurisdiccionales de cualquier materia mediante la defensoría pública.
Sus resoluciones no serían vinculatorias, pero si no fueran aceptadas, o si fueran incumplidas, serían susceptibles de ser homologadas y, en su caso, ejecutadas por el Poder Judicial Federal.
La iniciativa del senador de Morena establece que este Consejo Nacional de Derechos Humanos, contaría con autonomía, independencia, personalidad jurídica y patrimonio propios.
Otras tareas del Consejo serían la defensa del derecho a la salud, derechos económicos, sociales, culturales, desarrollo sostenible y buen vivir, responsabilidad social corporativa y actos particulares.
El Consejo Nacional de los Derechos Humanos se integraría por siete consejeros, que durarían en su cargo 10 años, sin posibilidad de reelección y se privilegiaría en todo momento el equilibrio en su integración.
De los siete consejeros dos serían electos por la Cámara de Senadores, dos por la Cámara de Diputados dos por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno por el presidente de la República.
El pleno del Consejo designaría entre sus integrantes a su presidente, quien duraría en el encargo cuatro años, sin posibilidad de reelección.
Éste podría ser sustituido por causas graves u omisiones en sus funciones.
El Consejo contaría con Comisiones y Visitadurías Regionales.
