El Movimiento Renovador Democrático denunció la violación de derechos humanos por parte de las empresas privadas que suministran el agua, se trata de CAB en Boca del Río, Grupo MAS y Aguas de Río Medio en Veracruz, y Aguas de Medellín que de manera arbitraria y sin orden judicial -como lo establece la ley- cortan el servicio del agua que incluye el pago de 160 pesos por el corte y una iguala por la reconexión una vez que se paga.
La zona conurbada que es la de mayor población en todo el estado de Veracruz opera el suministro del agua potable, tratamiento de aguas residuales y alcantarillado a través de empresas privadas que no se ajustan a los lineamientos constituciones y tampoco cumplen con los servios de calidad.
Lo más grave es que durante la pandemia del Covid-19 y con un estado de Veracruz en Semáforo Rojo, decidieron aplicar la rudeza con los usuarios, muchos de ellos que por desempleo no cuentan con recursos para el pago de los servicios básicos como el agua y la energía eléctrica.
El tema supera el aspecto legal y social, es alto riesgo dejar sin agua a los usuarios del agua en las colonias populares y pobres de la conturbación, pues la recomendación del gobierno para contener la pandemia es lavarse las manos o bañarse con frecuencia.
La voracidad de las empresas operadoras del agua en Veracruz superan las medidas de control sanitario y es una de las explicaciones de la proliferación de la enfermedad en el Puerto de Veracruz y de la zona conurbada.
De acuerdo a la ley, el suministro del agua corresponde al Estado y en caso del esquema público-privado no se puede cortar el servicio sino es a través de una orden judicial emitida por un juez y éste no puede determinar la suspensión total, por derecho corresponde al usuario contar con el suministro de al menos 50 metros cúbicos de agua.
La actitud inquisitiva de las empresas privadas generaron en la última semana 500 quejas documentadas de abusos que el Movimiento Renovador Democrático que encabeza Marco Antonio Moncayo Parra pretende hacer llegar al Congreso de Veracruz para demandar la rescisión de los contratos a las empresas mencionadas.
Jalón de orejas a alcaldes
El Organo de Fiscalización Superior y el Instituto Veracruzano de las Mujeres dieron un nuevo jalón de orejas a los alcaldes veracruzanos para que cumplan con las disposiciones legales de equidad de género para las mujeres, por obligación legal deben etiquetar recursos para la operación de oficinas Municipales de la Mujer, pero muy pocos cumplen.
En un acto más de presión a los incumplidos alcaldes y alcaldesas, se dicto una conferencia vía digital para generar acciones y políticas públicas para la igualdad de género y respeto a los derechos humanos.
Y es que Veracruz se ubica en los primeros lugares de feminicidios sin que existan campañas de difusión municipales para generar conciencia en la población sobre el respeto a las mujeres en base a la Ley Orgánica del Municipio Libre que obliga a los municipios a etiquetar recursos para la operatividad de los Institutos Municipales de la Mujer.
Rojo de muerte
Con miles de casos y ya de muertos, ni el gobierno ni los ciudadanos en su mayoría observan en Veracruz acciones reales de contención al virus del Covid-19, las medidas que por Decreto se anunciaron el pasado martes se convierten en más de lo mismo y con más complicaciones que soluciones.
En el último corte superan los 15 mil casos con un saldo rojo de muertos, la pandemia no respeta estatus sociales, credos ni sexo, los grupos vulnerables son de alto riesgo, pero los transmisores son todos y no se observa ni responsabilidad social ni del Estado para establecer medidas serias, es decir, un nuevo sistema de convivencia y de gobierno.
La encuesta que ubica a Veracruz como el peor estado en el manejo de la pandemia no es un orgullo y de nada sirve, la referencia real es en cada cuadra y en cada colonia que registran muertos sin distingos, en los últimos 15 días el virus se ha llevado también a dos alcaldes veracruzanos.
