El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este 18 de agosto en su conferencia matutina que buscará revocar la concesión de la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz, luego de la prórroga al título de concesión otorgada en 2018 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con lo cual dicha concesión vence hasta 2094. Especialistas consideraron de inicio que el presidente estaba mal informado, pero por la tarde, en su cuenta de Twitter, insistió en que el gobierno actuará legalmente.
Incluso el primer mandatario insistió el día de hoy en su conferencia desde Querétaro sobre la legalidad de la prórroga y hasta la existencia misma de la empresa paraestatal Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V., toda vez que al ser sociedad anónima de capital variable, observa que es una empresa privada. Con base en una fuente consultada por T21, las API son propiedad del gobierno federal al 100%, a través de instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).
“Me parece que (…) el tema de acabar con la prórroga de 50 años para la API del puerto de Veracruz sin duda sería un litigio importante porque, si bien es un organismo descentralizado del gobierno, la API en las facultades que tiene ha cedido parcialmente derechos a operadores portuarios (privados) y entonces ellos también estarían en su derecho de ampararse y llevar el tema a litigios, no solamente en nuestro país sino incluso fuera de México”, sostuvo la diputada Martha Tagle.
Entrevistada por T21, enfatizó que esto formaría parte de la iniciativa de reforma con la que el presidente busca que la administración portuaria forme parte de la Secretaría de Marina (Semar), tal y como lo anunció en el puerto de Manzanillo el pasado 17 de julio y que ya empezó a ejecutarse con el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez al frente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la SCT, quien ha comenzado a colocar a personal de la Semar en las direcciones generales de las Administraciones Portuarias Integrales (API).
Hasta el momento se han hecho públicos cambios de las direcciones general de las API de Altamira, Tampico, Tuxpan, Ensenada, Puerto Vallarta, Madero (Chiapas), Progreso y Manzanillo, la mayoría con vicealmirantes al frente.
“Todavía no contamos como tal con la iniciativa, pero me parece que sí busca cambiar el modelo de la administración de los puertos y, por lo que estamos viendo, es básicamente desestructurar a las API para que realmente pueda tener control total la Secretaría de Marina. Desestructurar todo esto, además de las demandas millonarias que se puede echar encima el gobierno, va a cancelar la llegada de recursos que entran por esa vía y me parece que no va a resolver el problema que quiere atacar, que es el tema del tráfico ilegal de mercancías y sustancias por la vía de puertos”, consideró Martha Tagle.
Durante 2019 las API federales registraron ingresos por 9,768.9 millones de pesos (mdp), lo que representa un -10.5% respecto de los 10,920.1 mdp que obtuvieron en 2018, de acuerdo con la SCT. Dichos ingresos se obtienen por el cobro que realizan las API por el uso de su infraestructura, arrendamientos, cesiones parciales de derechos y prestaciones de maniobras y servicios. La API que mayores recursos aporta al gobierno federal según la propia SCT es justamente Veracruz, con 1,995.3 mdp ese año.
“Él (López Obrador) considera que al ser una persona de su confianza, como la maestra Rosa Icela, y tenerla como gente de su confianza, que le tiene lealtad, en la cual cree que no comete actos de corrupción, que es lo que él ve como problema en los puertos; que con eso basta para hacerse cargo de una tarea tan importante como son los puertos en nuestro país, porque además los ingresos que se generan para el erario por esas vías es un importante flujo de recursos y la especialidad que se requiere no es suficiente contar con la confianza del presidente al hacerse cargo de este tipo de funciones”, abundó Martha Tagle.
Por su parte, Octavio Arellano, consultor en Desarrollo Portuario, manifestó que “hay cuestiones preocupantes” dentro de la medida de transferir la administración portuaria de la SCT a la Semar, y esto se manifiesta en las declaraciones realizadas por el presidente López Obrador el día de ayer.
“El presidente habla de una concesión que se otorgó a una empresa en Veracruz por 100 años, que había que echarlo para atrás y es muestra de la corrupción en puertos. Esto es producto de que se sustituyó al personal que algo sabe de puertos y que quien está empezando a ver las cosas desconoce los temas y no distingue qué es lo que está sucediendo”, mencionó durante su participación en Diálogos Empresariales de Logística, panel virtual organizado por Grupo T21 a propósito de la administración de los puertos por parte de la Semar.
“El presidente se refiere a una ampliación que hizo la SCT a la concesión de API Veracruz que es una empresa del propio gobierno y es la figura legal que administra los puertos y que todas las API funcionan con concesiones federales que se amplían conforme se hacía necesario. Cuando se crearon las API se dieron por tiempo determinado y en el caso de Veracruz se necesitaba ampliar (la concesión) por el proyecto de ampliación (del puerto) hacia la zona norte, donde hay varias terminales nuevas que se están construyendo y otras ya en operación, que las terminales objeto de licitación y empresas que ganaron recibieron cesiones parciales de derechos que iban a rebasar el periodo de concesión de la API y esto no podía ser”, aseveró Arellano.
En esto coincidió Martha Tagle, quien argumentó que la federación tenía que extender la concesión de la API Veracruz para que las nuevas cesiones parciales de derecho de las cinco terminales adjudicatarias de las licitaciones en la ampliación del puerto no rebasaran el periodo de concesión de la API.
“Si esto no se lo explican al presidente, se va con la finta y dice cosas que lo ponen en evidencia a él y su equipo, esto es un signo preocupante. Para mí el hábito no hace al monje, que en vez de civiles pongan militares a administrar los puertos, no me parece en sí mismo una decisión buena o mala, lo que sí me parece es que, en cualquier caso, civiles o militares, se tienen que asegurar que los puertos sigan funcionando como son”, insistió Octavio Arellano.
Sobre este punto, Bernardo Melo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo, añadió que “es muy importante cómo se le presentan al presidente las cosas, ningún presidente es especialista en todo, para eso tiene gente, si tú le presentas 100 años a una persona, innegablemente, 100 años se oye mucho; pero las concesiones normalmente han sido así y la misma ley prevé que se den así. Si lo comparas en la historia común de 99 años, si le presentas esa verdad al presidente, (quizá) motive diferente su punto”, dijo.
La revocación es una figura que existe dentro de los títulos de concesión que otorga el gobierno, en este caso a las API, de acuerdo con un especialista que prefirió reservar su identidad, y quien dijo que existen diversas causales para que se dé una revocación, en este caso que la API no cumpla con las condiciones estipuladas en dicho título de concesión; pero, si no hay causas en las que se haya incurrido en incumplimiento, no procede la figura de la revocación, quizá se hablaría de un rescate de la concesión, que también tiene sus condiciones y requisitos.
“Tendría que verse cuáles son las causas previstas en el mismo título de concesión y en la Ley. Evidentemente que eso traería un sinnúmero de consecuencias legales, ¿por qué?, porque entre otras cosas, además de las administrativas y los compromisos legales que tiene la API con terceros, en el caso de desaparecer esta concesión debe de quedar un responsable que responda ante los compromisos y obligaciones que esa API contrajo en el ejercicio legal de su concesión”, acotó el especialista.
T21 solicitó a la SCT una entrevista con la titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Rosa Icela Rodríguez, con la finalidad de conocer los alcances de las declaraciones del presidente, sin que hasta ahora se tenga respuesta. Sin embargo, se pudo constatar que Rocío Bárcena Molina, recién nombrada directora general de Fomento y Administración Portuaria en la dependencia retuiteó el mensaje del presidente en el que refería que tomaría acciones legales contra la concesión de la API.
¿Cómo opera la API Veracruz?
El 1 de junio de 1991, con la requisa de las operaciones a los sindicatos portuarios por parte del gobierno federal, los cuales mantenían un monopolio en las maniobras de carga y descarga de las mercancías, se empezó a gestar la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V., la cual se constituye formalmente en febrero de 1994 con el título de concesión que le otorga como tal la SCT derivado de la promulgación de la Ley de Puertos.
Conforme a dicha ley, la APIVER se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable a la que el Gobierno federal le otorgó una concesión por un periodo de 50 años, prorrogables a otros 50 años, lo cual sucedió con la ampliación del puerto hacia Bahía de Vergara, en la denominada zona norte del recinto portuario.
La APIVER adquirió así facultades para administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de terceros mediante contratos de cesión parcial de derechos, por medio de concursos públicos y contratos con base a lo establecido en el título de concesión, del Programa Maestro de Desarrollo y otras disposiciones de orden normativo.
La API es una sociedad mercantil que paga una contraprestación e impuestos al Gobierno federal; que opera con utilidades y mantiene una autonomía de gestión operativa y financiera. Construye nuevas obras de infraestructura con recursos propios para atender la demanda de servicios y opera mediante un sistema de competencia y sinergia con otros puertos, de acuerdo con información de la propia entidad.
