Gobernadores del PRI y el PAN entregaron al General Salvador Cienfuegos el control de la seguridad pública en zonas conflictivas de inseguridad. Y la delincuencia antes de bajar, creció.
Con Cienfuegos y en acuerdo con los gobernadores, los militares tomaron control en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Veracruz, Puebla y Guerrero, entre otras entidades.
En las dos primeras se consolidó el poder de los cárteles de “El Chapo” Guzmán y del H-2, que, según las indagatorias estadounidenses, protegía Cienfuegos. En el Edomex, la delincuencia creció exponencialmente; en Veracruz, se triplicó el homicidio doloso; en Puebla, la ordeña creció mil por ciento.
Con compras millonarias y trato de proveedor favorito, cesión de predios de cientos de hectáreas, financiamiento para el despliegue de miles de efectivos y hasta condecoraciones, Gobernadores como Quirino Ordaz, Roberto Sandoval, Rafael Moreno Valle, Héctor Astudillo, Eruviel Ávila y Miguel Ángel Yunes consintieron al General.
En Sinaloa, el Gobernador Quirino Ordaz aceptó que la seguridad fuera regida por militares con la condición impuesta por Cienfuegos de colocar a sus mandos en puestos clave de la seguridad pública.
El Estado proporcionó alimentación, hospedaje, viáticos y estímulos económicos entre los 3 mil a los 8 mil pesos, según el grado militar.
En el Estado de México, con el Gobernador Eruviel Ávila, le fueron encomendados al Ejército el control operativo de 25 municipios de alta delincuencia como los de la zona oriente, pero, a pesar del despliegue castrense, la violencia se agudizó.
En Ecatepec, por ejemplo, los delitos del fuero común pasaron de 22 mil 969 a más de 30 mil entre 2015 y 2018.
Tras ser detenido Cienfuegos, Ávila dijo que el General era un hombre probo.
En Veracruz, con el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes, los militares se hicieron cargo de la seguridad en varios municipios, pero la tasa de homicidios dolosos pasó de 6.3 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 17.7 en 2018, según cifras oficiales.
En Puebla también tuvo trato privilegiado de Rafael Moreno Valle donde supuestamente el Ejército tomaba control de la lucha contra el huachicol. Las tomas clandestinas a ductos pasaron de 120 en 2012 a mil 533 en 2016. (Reforma).
