Hace unas semanas y después de no haber concedido una sola entrevista desde 1994, Mario Aburto contó a través de una llamada telefónica que había estado llorando porque habían pasado 26 años del crimen del que fue acusado y era inocente.
“Soy inocente. Estuve llorando porque los hombres también lloran y tenemos sentimientos y yo soy inocente”, dijo a esta reportera, aún desde un teléfono en el penal de Huimanguillo, Tabasco, donde cumplía una condena por el asesinato del entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio.
Después de ocho meses fue sentenciado a 42 años en prisión y recluido, primero, en el penal de Almoloya de Juárez y desde el 2012 en el penal número 6 de Tabasco.
Durante la entrevista Aburto reiteró “yo no fui” en varias ocasiones y es la misma versión que ha mantenido desde el año 1994, cuando fue detenido en Lomas Taurinas, Tijuana, por haberle disparado en dos ocasiones a Colosio, una en la cabeza y otra en el abdomen.
Mario colgó la llamada y dijo que esperaba que el nuevo gobierno analizara su caso. En una respuesta a una solicitud de información la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero confirmó que nunca analizaron el caso a pesar de que el Presidente dio instrucciones de evaluar esta posibilidad.
Este 26 de octubre el caso Colosio volvió a la luz: MILENIO encontró a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) un documento que revela que ese día Aburto presentó una demanda contra el aún secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, luego de que este ordenara su traslado del penal de Huimanguillo, Tabasco, en donde estaba encarcelado desde hace ocho años.
El pasado 21 de octubre por orden de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se desincorporó el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 6, “Sureste”, ubicado en Huimanguillo, del Sistema Penitenciario Federal argumentando que formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo que intenta modernizar y organizar las instalaciones con base en los derechos humanos.
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo cual, con esta acción de desincorporación se facilitarán los mecanismos y actividades para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad”, se lee en el Diario Oficial de la Federación.
A pesar de estos argumentos, a través de la demanda de amparo 947/2020 presentada este 26 de octubre ante el Juzgado Quinto De Distrito en el estado de Tabasco, la defensa de Mario Aburto Martínez destacó la orden fue realizada fuera de procedimiento y que afectaba “indirectamente la libertad personal”.
Y es que según la defensa de Aburto la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial y no por orden del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.
Durazo Montaño al igual que Luis Donaldo Colosio es originario de Sonora y en reiteradas ocasiones ha recordado que fue su amigo. La semana pasada anunció que dejaría este cargo para contender por la gubernatura del estado del que es oriundo.
El amparo detalla que los reos trasladados, incluido Aburto Martínez, podrían ser víctimas de incomunicación por parte de las autoridades responsables y solicitaron que se les permitiera usar teléfono o cualquier otro medio de comunicación los antes posible para comunicarse con sus familiares y abogados defensores.
“No sabemos nada de él”
En entrevista con MILENIO, Rubén Aburto, padre de Mario Aburto confirmó que están incomunicados con su hijo y que apenas esta semana una trabajadora social, de la que desconocen su nombre, les hizo una llamada hasta su casa en Los Ángeles, California, para informarles que su hijo sería trasladado a un penal en Guanajuato.
“Nomas nos dijo que lo iban a cambiar pero no nos dijo cuando iba hablar o podíamos hablar y yo tengo pendiente estamos poniéndonos de acuerdo con mis hijos y mi esposa para denunciarlo. Por qué razón le están quitando que no nos hable. No sabemos si esta vivo, ya hace 27 años que no lo vemos”, dice el padre alzando la voz y con desesperación.
La dirección que “según” dice Rubén Aburto le dio la trabajadora social del sistema penitenciario federal fue carretera Laguna de Guadalupe kilómetro 6.5 hacienda piedras negras, municipio Ocampo, Guanajuato código postal 376376.
Esta dirección corresponde al Centro Federal de Readaptación Social No.12 en Guanajuato.
“Estoy muy preocupado no sabemos nada de él, no sabemos si mi hijo viva o no viva”, dice Rubén Aburto acompañado de su esposa quien asegura que lo único que saben fue por esa llamada de la trabajadora.
