La tenacidad con que organizaciones que explotan el dolor ajeno dio frutos ocho años después de que algunas, contra la voluntad de los deudos, le solicitaran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenir en el caso de una viejecita zongoliqueña fallecida en febrero de 2007, para insistir en la mentira de que fue violada y asesinada por “una partida militar”.
Por fortuna, en la sesión virtual de la CIDH celebrada el viernes, el titular de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Cristopher Ballinas Valdés, y por la Fiscalía de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, defendieron las conclusiones de las autoridades federales y estatales de entonces y su ratificación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Ernestina Ascencio murió de anemia y graves complicaciones gastrointestinales.
Ballinas recordó: “Todas las diligencias para esclarecer su muerte, y con el apoyo de investigaciones de la CNDH, se corrigieron los peritajes”. Y el homónimo del conquistador declaró: “El Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y, si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación, las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso, sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario y de sus familiares”.
El asunto es relevante porque fue Felipe Calderón (llevaba un año en la Presidencia) quien, antes que nadie, dio la versión del problema gástrico, lo que se prestó a réplicas tan absurdas como que no tenía por qué saber la causa del fallecimiento. La interpretación era estulta, dado que a las dos autopsias civiles que se le practicaron al cadáver acudieron patólogos forenses del Ejército, y los presidentes de la República son comandantes supremos de las fuerzas armadas. Calderón debió ser de los primeros informados.
A la patraña (resucitada hoy por el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos) se sumaron desde un principio medios, periodistas y caricaturistas porno-escatológicos que cacarean ese deceso como “crimen de Estado”.
Uno de los problemas que plantea el infundio es que en esa época ningún soldado había sido acusado (probablemente ni hasta la fecha) de atacar sexualmente a nadie en la Zongolica, y menos “una partida” de depredadores y asesinos del Ejército sin identificar, supuestamente proclives a la violación de señoras de tan avanzada edad.
¿Qué interés tendrían Calderón y la CNDH, que encabezaba el doctor José Luis Soberanes, en proteger a probables pero imaginarios criminales?
Más aún: hoy por hoy, con un gobierno que ha condenado abierta y frecuentemente al calderonismo, ¿por qué los representantes del Estado mexicano ratifican las diligencias oficiales con que fue cerrado aquel fatal incidente…?
EL ASALTO A LA RAZÓN / Milenio / Por Carlos Marín
