“Ellas y ellos lucharon, pero sólo ellos han gobernado… el Estado se erigió sexista”, dijo la Magistrada Janine Otálora en la sesión que tuvo lugar el pasado lunes, en la que, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, discutieron y revocaron el Acuerdo INE/CG569/2020, por medio del cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a una consulta relacionada con la emisión de criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los Procesos Electorales Locales 2020-2021.
Durante su exposición, Otálora compartió cifras que, además de dar sustento a la sentencia con la que inicio estas notas, representan un foco rojo que permanece encendido sobre nuestro País, en materia de paridad:
Desde 1953, año en que las mujeres obtenemos el derecho al voto en México, a la fecha, 351 personas han resultado electas para ejercer la gubernatura en alguno de los 32 estados, de las cuales, sólo 7 han sido mujeres.
98 % de las gubernaturas han sido ocupadas por hombres y sólo el 2 % por mujeres.
De 32 estados de la República, sólo 7 han sido gobernados por una mujer: Colima, Tlaxcala, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Sonora, y Ciudad de México.
En 25 entidades del País nunca ha gobernado una mujer.
Martha Érika Alonso, Griselda Álvarez, Amalia García, Ivonne Ortega Pacheco, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Pavlovich, Rosario Robles, Dulce María Sauri Riancho y Claudia Sheinbaum son los nombres de las nueve mujeres que han ejercido la gubernatura o, en su caso, jefatura de gobierno; de ellas, como se menciona en líneas arriba, sólo siete fueron electas, una llegó a la gubernatura por interinato y una fue jefa de gobierno sustituta.
El domingo 6 de junio de 2021 será la elección más grande en la historia de México; en ésta se votará la renovación de más de 21 mil cargos de elección popular, entre los que están 15 gubernaturas.
Atendiendo al mandato Constitucional de la Paridad en Todo y a su criterio incluyente, el INE ha buscado, por todos los medios a su alcance, garantizar este principio también en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas; sin embargo, Sala Superior determinó revocar el Acuerdo antes citado, argumentando que el Instituto Nacional Electoral no tiene competencia para regular lo concerniente a la elección de las gubernaturas de los Estados, por lo que, en todo caso, éste debió ejercer su facultad especial de atracción.
En la sesión del lunes, las y los magistrados acordaron vincular a los partidos políticos a que, en la medida de lo posible, respeten la paridad en las candidaturas a las gubernaturas que se votarán el próximo 6 de junio; y vincularon al Congreso de la Unión y los órganos legislativos locales para que garanticen la paridad en las gubernaturas en los procesos electorales posteriores a 2021.
A simple vista, pareciera que la resolución favorece a la paridad, pero es justo la opción que otorga la frase “en la medida de lo posible” la que, en 2021, podría poner en riesgo el cumplimiento de la paridad en todo, de lo mandatado por el artículo 35 fracción II de nuestra Carta Magna, con el que, desde 2019, se garantiza, como derecho de la ciudadanía de poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular; lo que, desde luego, incluye a las gubernaturas.
Como parte de estos esfuerzos permanentes que realiza el INE para garantizar la inclusión, la paridad y un proceso electoral libre de violencia política de género, en el marco de la celebración de los 30 años del IFE – INE, del día internacional de los derechos humanos y de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres, se firmó el “Manifiesto de los Partidos Políticos por una Democracia Paritaria y Libre de Violencia de Género”, que establece cinco acuerdos que los partidos políticos nacionales se comprometieron a materializar, entre los que destaca: garantizar el principio constitucional de la paridad en todas las candidaturas a cargos de elección popular colegiados y unipersonales que se postulen en el proceso electoral 2020-2021.
El manifiesto también incluye promover, con un enfoque de género y derechos humanos, políticas de prevención, atención y sanción a través de protocolos y mecanismos especializados en violencia política por razón de género contra las mujeres; respetar y cumplir los criterios de la denominada #3de3VSViolencia; promover la realización de campañas de difusión y sensibilización dentro y fuera de los partidos sobre la paridad como principio democrático, los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como de prevención y erradicación de la violencia política en razón de género; e impulsar campañas que presenten a las mujeres de forma justa, respetuosa y diversa, eliminando perjuicio y estereotipos sexistas.
El llamado es a hacer efectiva la paridad en las gubernaturas y en la postulación de la totalidad de candidaturas de este proceso electoral y los subsecuentes; a garantizar a las mujeres el acceso a los cargos de elección popular, el ejercicio igualitario, y una vida libre de violencia política de género; y a recordar la verdad compartida por Michelle Bachelet: Si una mujer entra a la política, cambia la mujer, si muchas mujeres entran a la política, cambia la política.
Liz Mariana Bravo Flores es comunicóloga,
comprometida con la construcción de ciudadanía,
inclusión, paridad, protección ambiental
y desarrollo cultural.
Twitter: @nutriamarina
Opinión a título personal.
