Reynaldo Escobar Pérez
La importancia del proceso electoral que se vive en el país, radica en el número de puestos públicos a elegir, pues son aproximadamente 21 mil, incluyendo las 15 gubernaturas que corresponden al mismo número de entidades federativas; 500 diputados federales (entre uninominales y de representación proporcional) y 1,900 ayuntamientos más sus respectivas plantillas que implican síndicos, regidores, juntas y agencias municipales.
Por otro lado resulta altamente significativo el comportamiento de las diversas fracciones parlamentarias, que de acuerdo a los orígenes partidarios, se integran en grupos de interés para presentar iniciativas de ley que benefician en lo particular a sus representados, aunque en lo general, las iniciativas convertidas en leyes, son de cumplimiento obligatorio para toda la sociedad mexicana.
De la elección de gobernadores y la paridad de genero impuesta por el INE y avalada por el TEPJF, por lo menos habrá 7 candidatas por cada partido, que podrían resultar ganadoras y desempeñarán el honroso cargo de Gobernar a los estados de la republica, por los que sean postuladas. La cifra mayor de los puestos a decidir son del ámbito municipal y la responsabilidad de los alcaldes, ediles y agentes, es mayor frente a la población, que vive en el rezago y abandono por la falta de obras públicas y servicios, siendo estas autoridades las que reciben todos los días y a toda hora, el reclamo del pueblo.
No olvidar que el ejercicio de la soberanía radica constitucionalmente en el pueblo, que es el que decide la forma de su gobierno a través de sus representantes, cuyos nombres se conocerán, en este caso, el próximo 6 de junio.
A nadie conviene volver a llenar las curules con representantes populares impreparados, algunos con antecedentes penales, otros con vínculos probados con la delincuencia y otros que a falta de respaldo ciudadano, obtuvieron sus candidaturas en un sorteo de “tómbola”, como lo hizo el partido Morena en la pasada elección y como lo pretenden repetir, personajes ajenos a la política que solo buscan poder, reflectores e impunidad.
Por el bien de los poderes del estado, y por respeto al estado de derecho y las instituciones, todos estamos obligados a cuidar la integración del H. Congreso de la Unión, exigiendo una rendición de cuentas de los elevados presupuestos públicos que desde el recinto legislativo se proponen y disponen, sin llegar a quienes permanecen a la espera del bien público temporal.
