Yair Ademar Domínguez
Aunque el término “cacique” fue empleado en la época de la Conquista española para referir a las autoridades políticas indígenas y en Veracruz tuvimos quizá al más famoso, a Xicomecóatl, llamado por Bernal Díaz del Castillo como “el cacique Gordo y Pesado”, para los tiempos que vivimos, los cacicazgos representan una sombra, un contrasentido democrático, un riesgo del autoritarismo que tanto daño le ha causado a nuestro país.
Veracruz ha tenido y sigue teniendo caciques en todo su territorio. Citarlos por su nombre sería interminable, pero han sido personajes que han buscado mantener el control del poder económico, social y político en sus regiones, a punta de machete o a punta de pistola. Han sido combatidos por autoridades y han peleado entre ellos, dejando una estela de sangre hasta en sus propias familias.
Han pasado, del poder económico al poder político, ejerciendo el nepotismo, la monarquía, el autoritarismo, como señores de horca y cuchillo, decidiendo quién vive y quién muere en su pequeño imperio. Y ante ellos, el pueblo ha tenido que someterse, porque como dioses, intentan tener el control de todo.
Pero México ha venido cambiando y en Veracruz la gente está cansada de este tipo de autoritarismo. Desde el Congreso del Estado, el grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional planteó un proyecto de Decreto que fue denominado “Ley Antimonarquía”, para acabar con el intento de heredar los cargos de elección popular, como lo intentó hacer el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Sin embargo, los cacicazgos siguen vigentes y sus protagonistas siguen dando coletazos e intentan mantener el poder en las regiones y manipular a sus habitantes, para oponer a los actos de autoridad legítimos, de las autoridades constituidas.
Viene mi comentario a colación, por lo que sucede en Orizaba, un municipio en donde el empresario Juan Manuel Díez Francos ha impuesto un cacicazgo en torno a su persona y ha venido controlando el poder político y económico y hoy quiere ser nuevamente presidente municipal de esa ciudad.
Más allá de su interés legítimo de seguir participando en la vida pública de la ciudad, a través de su alcalde Igor Rojí López y del sector empresarial que controla, ha querido manipular la revisión que en días pasados la Secretaría de Seguridad estatal hizo de la Policía municipal.
Como se sabe, la SSP asumió el control policial en Orizaba, para verificar el cumplimiento de la Licencia Colectiva para la Portación de Armas de Fuego por los elementos municipales. Esto, luego de que se dio un ataque violento en donde perdieron la vida tres oficiales de seguridad del estado.
El Estado de Veracruz tiene la obligación de que los cuerpos policiales locales actúen conforme a la ley y no se vinculen con grupos delincuenciales. ¿Toda la policía municipal está podrida? No se puede afirmar eso, pero tampoco se puede decir que por un acto legítimo de autoridad, el gobierno de Veracruz esté invadiendo a Orizaba.
En el Gobierno de Veracruz la prioridad es y será asegurar que la ciudadanía cuente con servidores públicos acreditados y confiables, que se conduzcan bajo estricta observancia de la ley. A los orizabeños se les ha informado que su seguridad está garantizada, ya que la SSP mantendrá operativos preventivos aéreos y terrestres, fortaleciendo el combate a la impunidad y delincuencia.
Los priistas, los empresarios y el alcalde orizabeño, movidos por este señor que ha sucumbido a la tentación de cacicazgo, intentan desvirtuar una acción legal, porque se sienten intocables. No, señores. Esos tiempos ya se terminaron. Todos los ciudadanos estamos sujetos al mandato de la ley y en Veracruz se tiene que respetar el Estado de Derecho.
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