ASF separa de su cargo a auditor que revisó cancelación del aeropuerto

Debido a que emitió un comunicado en el que reconoce “inconsistencias” en el informe sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía en Texcoco, el auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, fue separado temporalmente de su cargo y además es investigado.

“Nos informan de la ASF (…) existe un trámite de separación temporal del auditor especial de Desempeño como parte de las investigaciones que se encuentran en curso derivadas de lo que empezó ya la Unidad de Evaluación y Control”, externó por su parte el diputado Mario Rodríguez Carrillo en el arranque de las comparecencias de los auditores en la Cámara de Diputados.

La ASF había establecido en una auditoría que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 331,996 millones 517.6 pesos, tres veces más de lo anunciado por el gobierno federal; sin embargo, días después, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo cuestionó, el organismo técnico corrigió los datos que dio.

Indicó que, por una deficiencia metodológica, hay “inconsistencias” en la cuantificación realizada sobre la cancelación del aeropuerto, por lo que el monto total de la cancelación es menor de los 331 mil millones de pesos estimados originalmente.

“Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica”, detalló la ASF en un comunicado firmado por Agustín Caso Raphael.

Tras la aclaración, el presidente López Obrador exigió a la Cámara de Diputados, órgano del cual depende la ASF, hacer una investigación, ya que AMLO acusó que hubo una intención política de dañar a su administración.

Tras la petición, la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados inició la investigación.