Andrés Manuel López Obrador logró doblar de nueva cuenta a una empresa privada a la que acusa de haber obtenido contratos ‘leoninos’ a través de influencias políticas y corrupción. El caso de Braskem-Idesa es otro más en el que el gobierno, y en particular el Presidente, echa mano de toda la fuerza del Estado para obligarla a aceptar los términos de un nuevo acuerdo o atenerse a las consecuencias.
Ayer, en la conferencia matutina, López Obrador y Octavio Romero, director general de Pemex, informaron que la empresa del Estado renegoció el contrato de abasto de gas etano con Braskem-Idesa, con el que se ahorrará 13 mil 749 millones de pesos.
Algunos de los términos del nuevo acuerdo incluyen que la empresa, que es resultado de una asociación entre una filial de la brasileña Odebrecht y la mexicana Idesa, pague al 100% el precio de referencia internacional del gas etano, y no el 70% estipulado originalmente; que se hagan cargo de los costos del transporte del energético, en lugar de Pemex; que las penalizaciones para la petrolera por no suministrar el gas sean eliminadas, y que no haya indemnización en caso de una terminación anticipada del contrato.
La historia de este megacomplejo petroquímico inició en el sexenio de Felipe Calderón y se culminó en el de Enrique Peña Nieto. Comenzó a construirse en 2010 y se inauguró en 2016. El proyecto tenía el objetivo de expandir exponencialmente a la industria petroquímica en México, al atraer una inversión de más de 5 mil millones de dólares. En su momento significó la mayor inversión industrial privada del país en las últimas décadas.
Sin embargo, para agosto de 2020 las pérdidas de Pemex con este contrato ya ascendían a 7 mil millones de pesos, debido a pagos por servicios no efectuados, multas por incumplimientos y a que se trataba de un acuerdo ‘desventajoso’.
En la denuncia presentada en agosto pasado a la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, desentrañó una parte de los presuntos acuerdos políticos e intereses que llevaron a este proyecto a ser tan relevante y transexenal.
De acuerdo con Lozoya, las condiciones originales habrían sido negociadas al interior del Consejo de Pemex, entonces presidido por José Antonio Meade y con la participación del otrora consejero José Antonio González Anaya. Lozoya, quien terminó traicionando a sus excompañeros y amigos, agregó que Luis Videgaray le aseguró que Braskem “le debía dinero” a Ernesto Cordero y a Meade, por lo que era esencial que cuidara la continuidad del contrato durante su gestión. Asimismo, la situación habría sido aprovechada por el secretario de Hacienda de Peña Nieto para “condicionar” la entrega de sobornos a cambio de que votaran a favor de las reformas estructurales.
Consultados al respecto, Meade y González Anaya negaron su participación en el otorgamiento del contrato de Etileno XXI y rechazaron haber sido influenciados por funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
En cambio, cuatro días después de que Emilio Lozoya tomó posesión como director general se firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de Etano entre Pemex Gas y Petroquímica Básica y Braskem-Idesa, en el cual se canceló la “cláusula de inmunidad” que permitía a la empresa mexicana no ser demandada en el extranjero ante un eventual incumplimiento de contrato, dadas las condiciones del mismo.
Otro personaje importante en la relación de Odebrecht con México fue el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pues fue pieza clave para que la brasileña estableciera 13 de sus empresas en su entidad, a una de las cuales le otorgó una concesión por 30 años para distribuir agua en el estado.
Duarte visitó en al menos dos ocasiones, entre 2010 y 2013, a ejecutivos de Odebrecht en Brasil. En uno de esos viajes, de acuerdo con un testigo, acudió a las oficinas centrales de Odebrecht en Salvador de Bahía, para negociar precisamente el contrato del complejo petroquímico Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz.
En agosto de 2020, el presidente López Obrador expresó su deseo de cancelar el contrato de suministro otorgado a Braskem-Idesa, debido a que se trataba de un acuerdo ‘injusto’. Menos de siete meses tardó en doblar a la empresa con un método ya conocido: acusarla de corrupción, vincularla con personajes de sexenios pasados, cancelar o promover investigaciones sobre sus contratos, sentarla a negociar y, finalmente, conseguir un nuevo acuerdo.
(FUENTE: EL UNIVERSAL / CARTERA / MARIO MALDONADO – 04/MARZO/2021).
