EJE CENTRAL
Una cena informal con legisladores locales que, entre brindis y brindis terminó en una cuenta de más de un millón de pesos. No fue ni la primera vez, ni la única. Deudas en tiendas lujosas de ropa que superaban los 700 mil pesos, una comida casual entre amigos —consumiendo tacos y mariscos— por más de 100 mil pesos o un gasto de más de 4 millones de pesos por una visita a El Vaticano, son sólo una muestra de los derroches que fueron cubiertos con el dinero del presupuesto del estado de Veracruz, por órdenes del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Por ese derroche, por invitar a amigos a largas charadas y no detenerse en cumplir sus gustos, uno de sus operadores de confianza le llamó El Rey Sol, y a Duarte le gustó tanto, que disfrutaba que así le llamaran.
Decenas de funcionarios, legisladores, políticos, empresarios, abogados, y un largo etcétera de colaboradores y cercanos, entre familiares y parientes políticos, fueron parte del círculo cercano del entonces mandatario veracruzano —hoy preso y sentenciado a nueve años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa—, quienes directa o indirectamente se vieron beneficiados de la dispersión de los recursos públicos que encabezó Javier Duarte y su hoy exesposa, Karime Macías Tubilla.
“Tú eres mi gober chingón”, “hablan de ti por envidia”, “quién como tú mi Sol”, eran algunos de los elogios, acompañados de abrazos y palmadas en la espalda que recibía Javier Duarte durante los encuentros y comidas en restaurantes y bares de las que él era siempre el anfitrión, siempre utilizando recursos públicos. A estas escenas se sumaban las peticiones exprés de montos que iban desde los cientos de miles de pesos hasta los varios millones de pesos e incluso de dólares, que instruían que se les hiciera llegar tanto a él como a su entonces esposa en donde se ubicaran, fuera la casa de gobierno, su casa personal, una tienda o al viajar.
Documentos inéditos e información a los que accedió ejecentral y que integran el expediente en contra del exmandatario y la red de personas que presuntamente formaron parte del esquema mediante el cual se habrían desviado miles de millones de pesos que debieron aplicarse a proyectos sociales, pagos de salarios y proveedores, y que aún están pendientes por cuantificar en cuanto al daño provocado al erario durante la administración de Duarte de Ochoa, ponen en evidencia el modus operandi con el que el matrimonio Duarte-Macías disponía del erario para satisfacer gustos personales y prebendas para familiares, amigos y colaboradores cercanos.
Un ejemplo claro de este despilfarro sistemático de los recursos del estado fue su viaje familiar a El Vaticano en diciembre de 2013. Gastó más de cuatro millones de pesos. Los rubros: vuelos, comidas, hospedaje, logística y souvenires que adquirieron para regalar a sus seres queridos luego de su visita. Sólo en piezas para Nacimiento —bendecidas directamente por el Papa Jorge Mario Bergoglio—, la familia Duarte llegó a gastar más de un millón y medio de pesos.
Aunque ese viaje persiguió un noble objetivo: obtener el apoyo de la Santa Sede para poner en marcha un programa de apoyo alimenticio similar a la llamada Cruzada contra el Hambre implementado el gobierno anterior, y también invitar al Papa Francisco a que visitara Veracruz, se argumentó de forma oficial.
Recibos y comprobantes bancarios, hojas sin membrete que servían como acuses de recibo, listas e itinerarios conforman algunas de las evidencias de cómo los colaboradores del exgobernador cumplían las instrucciones de pago por cualquier cantidad de dinero de la que en ese momento llegara a necesitar para infinidad de circunstancias que lo mismo podían ir desde el saldar cuentas en restaurantes, centros de negocios, para la compra de artículos personales en tiendas de ropa o joyerías e incluso para cubrir gastos por eventos y viajes “oficiales”, informales o personales.
4 millones 849 mil pesos fue el monto de su viaje familiar al Vaticano, sin contar los gastos de su comitiva.
La confiable caja “b”
Tal y como este periódico (EJE CENTRAL) ha documentado desde 2016, la red que tejió Javier Duarte y sus principales operadores, la cual fue renovándose con el avance de su administración —al estar al frente del gobierno de Veracruz desde el primero de diciembre de 2010 hasta el 12 de octubre de 2016—, para el desvío sistemático de los recursos públicos, abarcó a cientos de funcionarios que iban saliendo o integrándose a la estructura de complicidades.
Bajo un esquema en el que no estaban exentos de participar los funcionarios administrativos de todas las dependencias, sin excepción que conformaban entonces la estructura del gobierno estatal, se coordinaban entre sí para acatar las instrucciones —de extracción de recursos del erario— que el gobernador Duarte de Ochoa instruía cada vez que los necesitaba, incluso para cuestiones estrictamente personales como lo era el pago de las tarjetas de crédito a su nombre o al de su esposa.
El mecanismo, según la información en la que la Fiscalía General de la República ha basado su indagatoria, consistía en que desde la recepción de los recursos provenientes de la Tesorería de la Federación, estos eran posteriormente transferidos a las cuentas correspondientes de fondos federales, las cuales tenían un fin específico para cada rubro de los recursos etiquetados, que iban por ejemplo, desde aportaciones para servicios de salud destinados a la secretaría estatal de Salud hasta el presupuesto para la Secretaría de Gobierno. Dicha cuenta era renovada de manera anual.
A partir de ese movimiento, ya con los recursos en poder del gobierno del estado, el dinero era enviado a una cuenta concentradora, y a partir de ahí era donde la transferencia de estos recursos se hacía a cada dependencia, y mediante el mecanismo que ocuparan los funcionarios administrativos de cada entidad del gobierno, el cual consistía generalmente en la utilización de empresas fachada o factureras, pero en realidad el dinero era “devuelto” en efectivo a la secretaría de Finanzas del estado para su uso discrecional y conforme a las necesidades de Duarte de Ochoa y su esposa.
Según consta en los documentos consultados, esta forma de operar se utilizó desde el arranque de la gestión del expolítico priista. Se habría mantenido, a pesar de la rotación del personal en las áreas de administración y de finanzas en cada dependencia, hasta el final de su mandato. Lapso en el que los funcionarios que formaron parte de la administración pública con Javier Duarte lo sabían, y sus habituales peticiones de dinero les parecían normales, por lo que tenían que tener dinero en efectivo disponible y listo para ser entregado.
En ese sentido, asistentes y secretarios particulares de los jefes administrativos estaban al tanto de que la petición de “una pizza”, por parte del exgobernador equivalía a la entrega de un millón de pesos; así como la solicitud de “un ciego” o “un invidente” eran el símil para pedir la cantidad de 100 mil pesos. Sin previo aviso, y sin considerar el día y la hora de la semana, el entonces mandatario hacía los pedidos para pizzas o ciegos sin empachos, según consta en las declaraciones de la indagatoria.
700 mil pesos, el costo de una comida casual de tacos y mariscos entre amigos y conocidos.
