El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó este martes los trabajos de organización de la Consulta Popular, que se llevará a cabo el próximo primero de agosto, para investigar por corrupción a los expresidentes.
Durante una sesión extraordinaria virtual, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reveló que el instituto solicitó en dos ocasiones la ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, en donde se le plantearon escenarios distintos procurando reducir la necesidad presupuestal a través de la disminución del número de casillas a instalarse, de 104 mil a 91 mil, en números redondos.
Sin embargo, aún no ha recibido respuesta formar por parte de dicha secretaría, por lo que el número de casillas estará determinado por los recursos presupuestales que se otorguen al INE.
“El punto es que no hemos recibido todavía respuesta formal de la Secretaría de Hacienda, contábamos con hacerlo. Por eso, los documentos sobre la consulta que hoy conoce este Consejo están planteando la hipótesis de eventualmente sufrir una modificación por parte de este Consejo General, porque dependerá de las suficiencias presupuestales que tenga este Instituto para que la consulta pueda llevarse a cabo”, informó Córdova.
Para las elecciones presidenciales de 2018 el INE instaló más de 155 mil casillas y para las elecciones federales del 6 de junio, las más grandes en la historia del país, se tiene proyectada la instalación de 163 mil.
Por su parte, la Consejera Carla Humphrey Jordan enfatizó que la consulta se llevará a cabo en un escenario marcado por los recortes presupuestales, la realización de la elección más grande de la historia y la pandemia por COVID-19, por lo que pidió pensar en otros mecanismos para llevar a cabo estas consultas ciudadanas de manera más ágil y que permita abatir costos.
“Celebro también que hoy se haya mandado este oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde se habla de un presupuesto muy ajustado y un esfuerzo que está haciendo este Instituto porque esta Consulta pueda erogar 890 millones de pesos en lugar de mil 500 millones de pesos, como estaba presupuestado”, dijo.
A comienzos de octubre de 2020, en una decisión polémica, la Suprema Corte de México avaló la constitucionalidad de la Consulta Popular, si bien, para no vulnerar la presunción de inocencia de los expresidentes, ordenó retirar de la pregunta los nombres de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, dice la pregunta consensuada por los magistrados.
Con información de EFE e INE
