Las organizaciones Reporteros sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica y la revista Proceso entregaron este viernes una petición oficial a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR), en la que solicitan la federalización y reapertura de la investigación por el asesinato de la periodista Regina Martínez, perpetrado el 28 de abril de 2012.
La corresponsal de Proceso fue asesinada tras publicar una serie de reportajes sobre violaciones graves a derechos humanos, la actuación de los narcotraficantes y la corrupción de las autoridades locales en el estado de Veracruz.
Las organizaciones recordaron que la investigación de la Fiscalía de Veracruz, que condujo al arresto y condena de una persona, lleva varios años interrumpida y se ha visto marcada por innumerables irregularidades y zonas oscuras.
Lo fundamental, señalaron, es que se ha pasado completamente por alto la pista que relaciona el asesinato con la labor periodística de Regina Martínez y la autoría intelectual.
“Las autoridades mexicanas deben activar un plan de emergencia para la justicia y luchar de manera eficaz contra la impunidad de los crímenes contra los periodistas”, sostuvo Antoine Bernard, asesor de RSF para asuntos jurídicos internacionales y activismo.
“Es indispensable que se puedan analizar con prioridad los vínculos entre las publicaciones de Regina Martínez y su asesinato. Esta denuncia presentada en México apela a la justicia para aclarar de una vez este crimen”, añadió.
En un comunicado, las organizaciones recordaron que el 17 de marzo de 2021, Free Press Unlimited, RSF y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) publicaron un nuevo informe de investigación titulado “El asesinato de Regina Martínez Pérez: una oportunidad para la justicia”, que documenta graves irregularidades en la investigación oficial de las autoridades de Veracruz.
El informe revela, en particular, que el principal sospechoso por el asesinato fue condenado sobre la base de una confesión obtenida bajo tortura, además de incluir varias declaraciones de testigos que contradicen la versión oficial del crimen.
La denuncia presentada ante la FEADLE, subrayaron, es una nueva iniciativa legal de RSF para luchar contra la impunidad de la que se benefician los crímenes contra los periodistas en México y se adscribe a la línea de las acciones emprendidas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El 12 de marzo de 2019, recordaron, RSF y Propuesta Cívica elevaron al tribunal internacional los crímenes contra periodistas cometidos en el país entre 2006 y 2018: 102 casos de asesinato, incluido el de Regina Martínez, y 14 casos de desapariciones forzadas de periodistas durante los mandatos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, casi todos impunes.
El 9 de febrero de 2021, RSF envió una notificación adicional a la CPI en la que añadió los 19 nuevos asesinatos de periodistas perpetrados desde los dos años recientes ocurridos en el país, con lo que el número de asesinatos o desapariciones forzadas de periodistas objeto de estas denuncias ascendía, en dos años, a 135.
Reporteros Sin Fronteras recordó que, en 2020, al menos ocho periodistas fueron asesinados en relación directa con su trabajo en México, lo que confirma su posición de liderazgo en la categoría de países más peligrosos del mundo para la profesión.
México ocupa el puesto 144 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que publica RSF.
(Con información de Proceso)
