EL UNIVERSAL
En 11 estados del país existe el mayor riesgo de violencia política y de que el crimen organizado intervenga durante los procesos electorales federal y estatal en marcha, en el que se disputan más de 21 mil cargos de elección, entre alcaldías, diputaciones y gubernaturas.
Se trata de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas, según la Estrategia de Protección en Contexto Electoral elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que, a juicio de algunos expertos de seguridad, se implementó tarde, es insuficiente y no incluyó al Instituto Nacional Electoral (INE).
La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez ve a Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco con la mayor posibilidad de que los criminales busquen cooptar a candidatos para tener control territorial de las actividades ilícitas y acceder a los recursos públicos.
Sin embargo, no incluyó a Sonora, Colima, Nayarit, Estado de México y Tamaulipas, entidades también afectadas por la delincuencia organizada, en las que se han generado periodos de actos homicidas.
De acuerdo con el último reporte de la SSPC, 117 candidatos de todos los partidos políticos fueron amenazados o agredidos entre el 4 de marzo y el 8 de abril, de los cuales tres fueron asesinados y 41 de ellos tienen protección, es decir, escoltas.
Van 103 ataques contra aspirantes, en su mayoría candidatos a presidencias municipales y a diputaciones locales en el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Desde septiembre del año pasado cuando dio comienzo el proceso electoral, Integralia Consultores, dirigido por el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, lleva contabilizados 167 eventos de violencia política que han dejado 169 víctimas, de las cuales 118 fueron mortales.
“Lo que hemos visto hasta ahora es que este proceso electoral ya se colocó como el segundo más violento de la historia democrática de México.
“Seguimos registrando un número superior en el proceso electoral de 2018; sin embargo, lo que creemos es que en lo que resta de esta contienda se irán aumentando los casos de violencia política”, consideró el gerente de Riesgo Político de Integralia.
El crimen organizado participa en los procesos electorales en formas distintas, que van desde apoyar con recursos financieros que eluden los controles oficiales, promoviendo aspirantes que les son funcionales, inhibiendo la participación de otros e incluso ejecutando a los rivales.
Expertos en seguridad consideran focos rojos a los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas, donde el crimen organizado está más fortalecido.
“Sin duda, el crimen organizado está aprovechando el actual proceso electoral para fortalecer sus capacidades de interlocución política”, indicó el especialista, Ricardo Márquez Blas. Aseveró además que los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus células delincuenciales desde hace meses iniciaron sus acciones para amenazar y cooptar a los candidatos de todos los partidos.
Márquez Blas consideró que el gobierno federal carece de un plan viable, realista y eficaz para contrarrestar la intromisión del crimen organizado, además de que no incluyó al INE y a los partidos políticos.
“Es un plan que postula una serie de buenas intenciones, pero carece de recursos financieros y humanos que le den viabilidad, credibilidad y posibilidades de éxito”, consideró.
“Toda política pública, estrategia o programa de gobierno que no está respaldada por los recursos financieros e infraestructura necesarios para su implementación y éxito, se ubica más en el plano de la retórica”, añadió.
El gerente de Riesgo Político de Integralia, Carlos Rubio, afirmó que han identificado una intención clara del Cártel Jalisco Nueva Generación de hacerse con el control de los gobiernos municipales de Guanajuato.
“Hay una intención más abierta del CJNG de hacerse con el control de gobiernos locales; todos los estados en los que tiene operaciones o de los que considera parte de su base territorial, tienen un mayor número de incidentes de violencia política que el resto de las entidades”, advirtió el gerente.
Carlos Rubio explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que Integralia clasificó como zonas principalmente conflictivas el centro y sur-sureste de la República, con focos rojos de violencia muy importantes en los casos de Veracruz y Oaxaca, que son los que han registrado el mayor número de incidentes de violencia política y también el mayor número de víctimas de estos delitos.
Rubio celebró que el gobierno federal reconozca que se trata de un problema grave; sin embargo, consideró que la Estrategia de Protección en Contexto Electoral llegó tarde porque se anunció apenas hace un mes.
“Es insuficiente y lo que creemos es que el gobierno federal claudicó a su responsabilidad de proteger a los candidatos que están más en riesgo de ser sujetos o víctimas de este tipo de incidentes. La gran mayoría de las víctimas están en los niveles municipales”, expuso.
En ese mismo sentido opinó el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, quien mencionó que no hay una estrategia verdadera de contención para evitar que los grupos delincuenciales utilicen a los políticos para proteger sus intereses.
“Los grupos criminales tratan de tener influencia como cualquier candidato a cualquier nivel, pero básicamente lo hacen donde es más directa la posibilidad de tener éxito si los acorralan o los hostigan, que es a nivel municipal”, refirió.
