El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la pérdida de la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, de acuerdo con el proyecto de Indalfer Infante Gonzales y el respaldo de Mónica Soto, Janine Otálora, Felipe De la Mata, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Fuentes.
En contra de sus seis compañeros, el magistrado presidente José Luis Vargas Valdez mantiene su postura que la cancelación del registro a Félix Salgado Macedonio es una sanción desproporcionada e injustificada y no existió actitud dolosa por lo que solo se tiene que sancionar y regresar su registro.
En el mismo sentido, salvo por el ministro Vargas que respaldó el proyecto de la ministra Mónica Soto, la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó las quejas presentadas por Raúl Morón quien fue postulado por Morena a la candidatura de Michoacán y a quien el Instituto Nacional Electoral decidió retirar de la elección por no rendir cuentas de su precampaña.
“La conducta desplegada por el aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero sí admite la calificación de dolosa y de gravedad especial, de manera particular, dentro del procedimiento especial sancionador. en el cual se observó una conducta caracterizada por la negativa de tener el carácter de precandidato, de haber desplegado actos de campaña y de presentar el informe de gastos correspondiente”, argumentó la ministra Mónica Soto.
“Mientras que en el caso de Michoacán, la autoridad determinó la responsabilidad del aspirante a la candidatura en el marco de la revisión de ingresos y gastos de campaña”, agregó Soto Fregoso, la cual diferenció entre la actitud de ocultar información de Salgado y la omisión de Morón, sin que amerite la pena máxima, el retiro de la candidatura.
El voto de Felipe Fuentes, el fiel de la balanza según pudo saber esta redacción, definió la caída de la postulación de ambos políticos, cuyo criterio compartió lo que definió el INE, es decir que la sanción no es desproporcionada a la falta cometida.
“La rendición de cuentas más allá de una obligación, es un elemento fundamental para sostenimiento de la sociedad, sin ella la democracia se convierte sólo en un ideal y la justicia social en un simple trámite”, afirmó Fuentes Barrera.
El pasado 9 de abril, por 5 votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del TEPJF resolvió devolver el caso al INE para una nueva valoración, reconociendo que los aspirantes sí fueron precandidatos y realizaron precampañas, siendo omisos en la presentación de sus informes de gastos, lo que la ley electoral castiga con la cancelación del derecho al registro.
