En octubre de 2021 el exgobernador de Veracruz cumplirá cuatro años y medio de haber sido detenido y posteriormente extraditado a México. Dicho tiempo equivale a la mitad de la condena de 9 años de prisión que un juez federal le impuso tras declararlo culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esta situación le abre la posibilidad al exmandatario de solicitar el beneficio de la libertad condicional, establecido en el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Consiste en que un interno que haya cumplido el 50 por ciento de su condena podrá requerir cumplo irla otra mitad fuera de prisión, pero bajo supervisión policial o con la colocación de un brazalete electrónico.
Para acceder a este beneficio se requiere haber presentado buena conducta en reclusión, haber cubierto el pago de multa y reparación del daño, que no existan otras condenas dictadas en contra del interno, ni que tampoco haya procesos penales el orden federal o estatal en curso que ameriten prisión preventiva automática.
De acuerdo con la defensa del exmandatario este cumple con todos esos requisitos por lo que, en la segunda mitad del año, comenzarán con las gestiones para solicitar a un juez federal este beneficio.
Si un juez avala esta situación significaría la libertad para el exgobernador de Veracruz, ya que la condena que se le impuso por el caso de pagos a empresas fantasma es la única razón que lo mantiene preso.
Inicialmente, otro juez de la ciudad de México había ordenado que se le mantuviera en prisión preventiva por dos procesos relacionados con cargos de corrupción: uno por el uso indebido de un helicóptero y otro por el presunto desvío de 200 millones de pesos para obras hidráulicas.
Pero a principios de 2020 la defensa consiguió que se le revocara la prisión preventiva por esos casos. Y a través de demandas de amparo ya consiguieron, además, que el caso del uso indebido de un helicóptero fuera desestimado.
Recientemente la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR en contra de Duarte por su presunto vínculo con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el caso Odebrecht. Sin. Embargo, ese caso se encuentra aun en una fase de investigación inicial y no amerita, por si solo, una medida de prisión automática.
(Con información de Animal Político)
