Reynaldo Escobar
Entre los hechos que causan mayor repugnancia hoy en día y aunque el común de la gente sabe de la existencia de los derechos humanos, que no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en condiciones que las propias leyes lo permiten, aún así en México; suceden cotidianamente miles de privaciones ilegales de la libertad, arbitrarias e injustificadas ejecutadas por autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno. Esas detenciones van acompañadas de violencia y métodos de tortura que obligan a los agraviados a confesarse culpables de hechos ilícitos que jamás cometieron.
La propia Carta Magna tutela los derechos humanos y prohíbe clara y terminantemente la privación de la libertad y el despojo de propiedades, posesiones o derechos (sin juicio previo), y las autoridades de cualquier rango, están obligadas a fundamentar y motivar los actos que de ellas emanen y la motivación que origina, por ejemplo: ejecutar una orden de aprehensión.
Existen dos excepciones a las reglas antes comentadas, una tratándose de que se sorprenda al delincuente en “flagrancia”, es decir: en el acto mismo de cometer el delito. La otra condición surge, cuando se trata de casos urgentes por la comisión de un delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo de que el delincuente se pueda sustraer de la justicia.
En un país de instituciones y de leyes como ha sido el nuestro, la “ley Del talión” (ojo por ojo y diente por diente) desde hace más de dos siglos quedó abolida por los precursores de la independencia y en los tres principales textos constitucionales incluido el que hoy nos rige, en su lugar se obliga al órgano jurisdiccional a impartir justicia en forma gratuita, de manera pronta y expedita.
No se vale que lo que siempre protestó el líder tabasqueño y fundador del partido Morena , hoy Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, como fueron los actos represivos en contra de las marchas, mítines y manifestaciones que él encabezó contra regímenes pasados, hoy que tiene la oportunidad de gobernar a la Nación mexicana, permita que colaboradores y subalternos, actúen violentamente en contra de quienes protestan por sentirse agraviados por funcionarios de los tres órdenes de gobierno y de todos los partidos políticos.
Es momento de corregir el rumbo y respetar el conjunto de libertades constitucionales claramente establecidas en la Ley Fundamental, prohibiendo enérgicamente las detenciones y agresiones de los cuerpos de seguridad pública en contra de la sociedad civil que demanda a la mitad del régimen el cumplimiento de ofertas de campaña que no han sido cumplidas por el gobierno de la Cuarta transformación.
Esperamos protección y seguridad a los electores, candidatos y dirigentes de partidos políticos, antes, durante y después del proceso electoral que culmina con la jornada del próximo seis de junio.
