Resultados electorales en duda

Reynaldo Escobar

La inseguridad jurídica en materia electoral, tiene mucho que ver con la manipulación de los procesos electorales y la necedad de quienes por todos los medios a su alcance, desean imponer su voluntad por encima de la decisión mayoritaria del pueblo, expresada en las urnas electorales.

En el año 2006, quien fuera jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, con aspiraciones presidenciales y abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó a las instancias de gobierno y a los ordenamientos jurídicos encargados del proceso electoral que tendría lugar para elegir al sucesor del presidente Vicente Fox. La declaración a los medios de comunicación, hecha por el candidato López Obrador fue contundente, al decir “al diablo con sus instituciones”.

Esa declaración del hoy titular del poder ejecutivo, dio pauta en todo el país, para que muchos de sus seguidores pretendieran desconocer el estado de derecho y la vigencia de las instituciones públicas, en todos aquellos asuntos de interés social, que no les fueran favorables, generando una inestabilidad política y manipulación de los resultados de las elecciones en todo el país. Tal como ahora ocurre con las inconformidades planteadas y tomas de instalaciones de consejos electorales, por parte de las personas que no aceptan su derrota.

Actualmente, la constancia de mayoría que se entrega al finalizar el recuento de votos en los consejos electorales, no otorga la certeza jurídica a los que resultan ganadores de la elección, puesto que los OPLES de cada estado, constituyen una segunda instancia para conocer y resolver de las inconformidades y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene competencia para conocer en última instancia, de las irregularidades y violaciones al código electoral; y es entonces cuando el fallo tiene el carácter de cosa juzgada, pudiendo revocar, anular o confirmar la constancia de mayoría.

La inestabilidad que se vive en la actualidad, donde impera la fuerza por encima del derecho y las instituciones, obliga al gobierno instituído a intervenir para conservar La Paz pública, procurando la conciliación de intereses, en vez de pretender favorecimientos a sus correligionarios.