* Investigador pide sanción ejemplar por abuso de autoridad y tráfico de influencias.
* Vienen más acciones legales de diversas dependencias Estatales y federales.
Tras la clausura a la construcción de la Torre Centro se esperan acciones legales de mayor contundencia contra quienes autorizaron su edificación y contra los propietarios del inmueble que violentaron diversas leyes, de igual forma el paso a seguir será la demolición de la estructura o cuando menos su modificación para evitar que atente contra la imagen urbana y el entorno histórico-cultural de la ciudad de Veracruz, consideró Fernando Miranda Flores investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Experto en imagen urbana y protección a monumentos históricos y culturales, Fernando Miranda explica que las autoridades municipales de Veracruz enfrentan ya graves problemas legales al ser cómplices o formar parte de los propietarios de la Torre Central utilizando para ello su “poder” e imponer una construcción que no cumple con las normas esenciales de uso de suelo, impacto ambiental, protección al patrimonio histórico y afectación al desarrollo urbano.
“Pero hay más, también la autoridad municipal negó los permisos a varios constructores que en los alrededores de esa Torre intentaron levantar edificios más pequeños por considerarlos competencia para su proyecto, si su interés era el desarrollo económico y acceder a una nueva era de modernidad para Veracruz, porqué a estos desarrolladores se les obstaculizó y les negaron los permisos para construir, es obvio que sus intereses se veían afectados y abusaron de su autoridad”, expresó el investigador.
Miranda Flores comenta que ante la violación a la ley de desarrollo urbano y la ley de protección a edificios históricos el paso a seguir es el derribo o modificación de la torre, lamentablemente será como resultado de un proceso legal largo y engorroso pero que deberá seguirse y en donde se verán involucradas aún más instancias estatales y federales que deben presentar denuncias que se irán acumulando contra los propietarios del inmueble pero también contra las autoridades que abusando de su autoridad beneficiaron la construcción.
En breve, dijo, se vendrán las denuncias penales del INAH, de la Secretaría del Medio Ambiente, de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental así como de diversas organizaciones de civilistas y de defensa del patrimonio histórico, además de las instancias que seguramente ya investigan a las autoridades municipales y que en breve actuarán a través de la Fiscalía General del Estado, la General de la República y el propio Congreso Local.
Consideró que el desarrollo de este tipo de proyectos se debió realizar en otra zona, “Boca del Río por ejemplo, donde ya existen varios edificios y torres de la misma dimensión y donde no se afecta el patrimonio histórico, sin embargo por capricho o pasando por alto el respeto a la cultura e historia se quiso imponer un edificio que a todas luces traería estas consecuencias legales” apuntó.
Por lo pronto la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos prevé no solo la clausura de las edificaciones que violenten o atenten contra el uso de suelo sino también consideran la demolición de las edificaciones que no respeten el cumplimiento estricto a las zonas consideradas patrimonio histórico y/o cultural de la humanidad, legislaciones que, opinó el investigador, deben aplicarse de manera ejemplar.
“Pero además se está violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual protege a la cultura y es indudable que este inmueble está afectando al Baluarte de Santiago y al Faro Venustiano Carranza, resulta muy sospechoso que las autoridades consideraron que no se requería un estudio de impacto ambiental para un edificio de tantos niveles por lo que no hay más que aplicar la ley contra todos los que resulten responsables de esta flagrante violación a la ley y a la constitución”. Concluyó.
