Concentrar y Ejercer el poder, ilimitadamente

En México, la identificación del Estado con el Partido Morena, es indisoluble y representa la prepotencia autoritaria del gobierno de la 4T, que constituye un elemento esencial de cualquier gobierno “dictatorial” entre cuyos objetivos destaca la tendencia a desaparecer toda organización nacida bajo los principios democráticos que residen esencialmente en la sociedad.

Los fines ideológicos y programas de acción de políticas reivindicatorias, de quienes disputaron la Presidencia en la elección del año 2018, quedaron en el olvido; y resultan opuestos a los perversos intereses de los hombres que llegaron al gobierno por el “voto del hartazgo”, y no ocultan sus aspiraciones reeleccionistas para perpetuarse en el poder, olvidando que el poder público es temporal y que los cargos no duran más de un sexenio, y “la vergüenza, se arrastra toda la vida” .

En todas las dictaduras, la pretensión principal del “líder”, es la concentración del poder que sólo se logra con el sometimiento de los otros poderes (legislativo y judicial) cuyos integrantes obedecen ciegamente las órdenes y caprichos del dictador, sin importar la destrucción o desaparición del estado de derecho y las instituciones, para dar paso a las órdenes incuestionables del mandamás.

Otro elemento infaltable en una dictadura es el control oficial de los medios de comunicación, acompañado de la “censura”, sin respeto a las libertades constitucionales que en nuestro país, tutelan los artículos 1, 6 y 7 de la Carta Magna.

Basta sintonizar las conferencias mañaneras, para darse cuenta de las descalificaciones a los medios de comunicación y a los periodistas que critican al gobierno, inclusive bajo amenazas de “investigaciones policiacas”, para quienes insistan en señalar el mal desempeño y la opacidad con que trabajan altos funcionarios públicos que han defraudado la confianza del Ejecutivo y de los mexicanos.

Antes de la Consulta Pública que viene, después de la innegable “elección de estado” del 6 de junio pasado, el INE y la CNDH, por obligación legal y ética política, deben evitar la propagación de la “ideología oficial” y dejar de desacreditar a los opositores, evitando los “dados cargados” si efectivamente se garantiza el “Estado Democrático”.