Por Reynaldo Escobar
La justicia que demandan en nuestro país, aquellas personas que se consideran víctimas de una violación a la intimidad personal, a la revelación de secretos o haber sufrido la pérdida o menos cabo de su patrimonio por la comisión de ilícitos cibernéticos, también llamados delitos informáticos, obliga a los legisladores a revisar y actualizar la legislación vigente, de competencia federal y local, según lo que hasta hoy se consigna en los códigos penales, federal, para toda la República y local para el estado de Veracruz.
Son 3 hipótesis, las establecidas en el artículo 177 del código penal local, en las que se describe lo que debe entenderse por una “violación a la intimidad”, a saber: a).- el apoderamiento de documentos u objetos, b).- la reproducción de dichos documentos u objetos y c).- la intercepción, aplicando la tecnología para espiar, grabar, transmitir o reproducir imágenes no autorizadas.
De la revelación de secretos, los artículos 178, 179 y 180 del mismo código, antes citado, describen las conductas que sancionan a aquellas personas que sin anuencia del legitimado, revelen, en perjuicio de un tercero, un secreto o información, considerados de carácter confidencial, bajo el previo apercibimiento al infractor, de guardar la confidencialidad. La revelación de un secreto relacionado con el empleo, cargo o profesión de carácter científico o tecnológico, será sancionada con una penalidad mayor, en proporción al daño causado.
Finalmente de los llamados delitos “informáticos” o cibernéticos, sancionados en el artículo 181 y siguientes, del código penal del estado, podemos decir que en los últimos meses se han incrementado, fundamentalmente para robar la identidad y cometer fraudes que vulneran los programas de seguridad, bajo la injustificada necesidad que para nada legitima los cyber ataques de los que se duelen empresarios, inversionistas y cuentahabientes de bancos y financieras en México.
Podemos observar múltiples lagunas o vacíos legales, que son aprovechados por los delincuentes cibernéticos, en su provecho y en perjuicio de la sociedad.
Se ha dicho que el derecho jamás debe observarse como un obstáculo al cambio social, sino por el contrario, desde la constitución política, pasando por las leyes y reglamentos que de ella emanan en los 3 órdenes de gobierno, debe utilizarse la revisión y modificación del orden jurídico para impulsar y sostener El Progreso de los pueblos.
