Por Reynaldo Escobar
Las imágenes difundidas en días pasados, tanto en la frontera sur que colinda con Guatemala y Belice, como en la frontera norte donde una gran parte limítrofe con los Estados Unidos, la marca el río bravo, han impactado a millones de mexicanos, que diariamente sintonizan los canales de televisión o utilizan sistemas de comunicación a través del internet y las redes sociales.
Si durante el México de la dominación española, que en 3 siglos tuvo plena vigencia en la nueva España, se utilizaron carceles clandestinas y torturas contra quienes profesaban otros ideales, para justificar la brutalidad del virreinato a fin de controlar y disponer de la vida y tierras de los criollos, mestizos, indígenas y negros; a 500 años de distancia se puede afirmar que sigue vigente el abuso autoritario del poder político, la privación de la libertad y el encarcelamiento en contra de los grupos segregados por su raza y color que han pretendido ejercer su derecho humano al libre tránsito.
Las imágenes proyectadas por televisión en los principales noticieros del mundo, dan cuenta clara de cómo se impide en territorio norteamericano el ingreso de personas, que incluyen hombres y mujeres de todas las edades y menores de edad, dependientes íntegramente del cuidado, alimentación y sustento de sus progenitores, a fuerza de caballazos, disparos con balas de goma y hasta latigazos como si estuvieran queriendo controlar a las fieras dominadas por el hombre en el coliseo Romano.
De manera arbitraria y llenos de prepotencia, los policías de la guardia nacional detienen transportes públicos, autobuses y taxis, para privar de su libertad a migrantes que no acreditan su identificación y legal estancia en México. Con la misma actitud y en forma discriminatoria, también se ha prohibido el alojamiento de migrantes ilegales, en hoteles, restaurantes y cualquier negocio comercial, tomando como base para esa discriminación, el color de la piel, la forma de hablar y vestir de los migrantes.
A manera de conclusión debe afirmarse que las autoridades mexicanas están incurriendo en conductas ilícitas, sancionadas por la legislación penal, de manera impune, por la línea oficial que dictan los mandos superiores, en contravención a todo el contenido y alcance del artículo primero de la constitución política federal, que establece que todas las autoridades tienen la obligación de respetar proteger y garantizar los derechos humanos y la prohibición a toda discriminación motivada por origen étnico o nacional .
Los derechos humanos protegidos especialmente en los tratados internacionales aprobados por el senado, que consecuentemente tienen rango constitucional, también son de observancia obligatoria para el Estado Mexicano.
