Detienen a 11 por ultrajes a la autoridad en Tres Valles; protestaban contra filial de Pemex

Once personas que realizaban un plantón sin violencia contra una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron detenidas en Tres Valles, Veracruz, por los delitos de delincuencia organizada, daños materiales, invasión a propiedad privada y ultrajes a la autoridad, denunciaron ayer familiares.

Los once detenidos, así como el resto de pobladores que se encontraban sobre el predio El Naranjal, protestaban contra la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa) por la destrucción del Circuito El Naranjal tras el paso de maquinaria pesada.

De día y noche, indicaron, los inconformes impedían el paso de maquinaria pesada debido a que durante seis meses de trabajos de perforación de pozos petroleros, la vía por donde transitan presentaba daños que no han querido ser reparados.

El martes 30 de noviembre, relataron, irrumpieron agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (GN) y detuvieron a los manifestantes pese a que entre ellos había adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Antes de iniciar el plantón, los inconformes habían entregado a Pemex un documento firmado por autoridades y más de mil personas en el que pedían se reparara los daños a la vía, de aproximadamente 60 kilómetros, mismos que han provocado accidentes mortales.

Adela Marín Domínguez, esposa de uno de los detenidos, detalló que pasaron más de 48 horas sin saber el paradero de las 11 personas, hasta que se enteraron que fueron trasladados a varios penales..

Los detenidos son Mario Delfín Rivera, Francisco Reygoza de los Santos, Gaudencio Raygoza Aniceto, Rafael Uscanga Prieto, Andrés Ramón Cuevas, Gloendiz Sosa Ortega, Raúl Rosado Salomón, Sofía Flores, Celso Rivera Gómez, Gilberto Valerio y Ramón Salomón Acevedo.

De entre los delitos que se les imputan, el de ultrajes a la autoridad fue reformado por petición de la Administración estatal. Antes, sólo se podía penalizar con 6 meses a dos años de prisión, ahora se contemplan penas de entre 5 a 7 años, pese a que el delito fue declarado inconstitucional por la Corte en 2016.

Con información de Reforma