TFJA ratifica fallo contra Carlos “N”, ex Subsecretario de Egresos de Sefiplan

LA JORNADA

El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que impuso a Carlos “N”, ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte, el pago de una responsabilidad resarcitoria por más de 149 millones 81 mil pesos.

Con el fallo suman más de 2 mil millones 200 mil pesos que tendrá que pagar como por daños a la hacienda pública.

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del tribunal aprobó por unanimidad el proyecto de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien consideró infundados los argumentos de impugnación del ex servidor público, ya que no desvirtuó la irregularidad que se le atribuye consistente en que en su encargo como director de egresos estatal no dio seguimiento al ejercicio del gasto público respecto a los recursos del fondo metropolitano, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administró el 30 de septiembre y el 14 de noviembre de 2014, a las cuentas bancarias abiertas a favor del gobierno del estado de Veracruz.

“Toda vez que los recursos fueron retirados en las mismas fechas y que fueron utilizados sin que se comprobara que la cantidad de 149 millones 81 mil 749 pesos se haya transferido a las cuentas específicas de los fideicomisos públicos de administración e inversión de las zonas metropolitanas de Acayucan, Coatzacoalcos, Veracruz y Jalapa, ni que estos se hayan aplicado a los programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento conforme a los objetivos del fondo conforme a los objetivos del citado fondo lo que ocasionó una daño a la hacienda pública”.

En septiembre del año pasado, el pleno del TFJA también ratificó responsabilidad resarcitoria a Carlos “N” por 2 millones 565 mil 919 pesos.

En octubre el tribunal también determinó que el ex funcionario debe pagar una indemnización de mil 980 millones 637 mil 813 pesos por el daño causado a la Hacienda Pública Federal por el presunto desvío de recursos federales.