Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, no debería de estar en prisión, consideró su abogado Víctor Olea, pues aseguró que el delito del que se acusa al exgobernador de Nuevo León no amerita esta medida, además de que su cliente estaba “perfectamente localizable” ya que tenía escoltas estatales.
“El exgobernador es una persona que tiene escoltas asignadas por ley de carácter estatal, que lo cuidan y por lo tanto él está todo el tiempo perfectamente localizable por parte de los organismos estatales”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.
El abogado aseguró que El Bronco nunca fue citado en el contexto de la carpeta de investigación en su contra, aunque estaba localizable por contar con escoltas estatales, con lo que fácilmente pudo ser notificado.
“Se le pudo haber notificado que compareciera a esta audiencia de imputación sin necesidad alguna de ser detenido porque el delito no amerita prisión preventiva oficiosa”, insistió.
El litigante cuestionó que la investigación sea por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, ya que el delito del que se le acusa a su cliente tiene que ver con una elección presidencial, por lo cual la competencia, dijo, tendría que ser federal.
“Resulta extraño que la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado haya investigado este particular delito que se vincula o se relaciona con una elección presidencial y que de conformidad a la Ley General de Delitos electorales claramente se surtirá la competencia a nivel federal, no local, por tratarse de una elección presidencial, no se trató de una elección local”, puntualizó.
Además, criticó la difusión de las fotografías de su cliente en una celda en el penal de Apocada, en el cual se encuentra recluido desde ayer luego de ser detenido en el municipio de General Terán.
“Me parece reprobable que se hayan difundido estas fotografías de mi defendido en una celda como bien lo dices, claramente vulneran la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso”, dijo.
También criticó las declaraciones del gobernador Samuel García “mediante la cual estima y prácticamente sentencia a don Jaime, me parecen muy lamentables”.
El litigante dijo que utilizarán todos los mecanismos de defensa a su alcance en favor de su cliente y todas las irregularidades se expondrán esta tarde en la audiencia inicial que está programada a las 16:00 horas y en la cual, indicó, el exgobernador no estará presente sino que se conectará través de videoconferencia desde el penal de Apodaca.
Víctor Olea dijo que no ha podido hablar con El Bronco tras haber llegado ayer por la noche a Monterrey, pero dijo que ya están designados como abogados y aseguró que por el momento se concentrarán en el análisis del expediente, ya que es voluminoso.
Es ilegal y extraño que la Fiscalía de Nuevo León acuse a “El Bronco” por un delito federal, dice su abogado
Por otra parte, Víctor Oléa Peláez afirmó que es ilegal y extraño que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León haya investigado y juzgado un supuesto ilícito de carácter federal.
En entrevista con Latinus, subrayó que en este caso la fiscalía carece de facultades, por lo que adelantó que uno de los ejes de la defensa legal en la audiencia de este miércoles es señalar “su incompetencia para juzgarlo”.
“Al tratarse de una elección presidencial, no local, la propia ley establece que se surte la competencia, pero por las autoridades federales, nunca por las locales, no fue una elección del estado de Nuevo León, sino federal, todo se desarrolló en ese ámbito”, aseveró el abogado del despacho Oléa & Oléa Abogados SC.
Oléa Peláez enfatizó que tanto “la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León, e inclusive, las autoridades judiciales de esta entidad federativa, están impedidos de conocer al asunto”.
“Las conclusiones que se puedan sacar de eso, que si son de carácter político o venganzas, pues ya corresponderá a la sociedad determinarlo, nosotros debemos concentrarnos en los aspectos técnico-jurídicos del caso, lo que haremos valer en la audiencia del día de hoy”, apuntó.
Oléa Peláez confirmó que la madrugada de este miércoles fue notificado oficialmente que la audiencia se llevará a cabo hoy a las 16:00 horas, por lo que ya se trasladó desde la Ciudad de México hacia Monterrey.
Hasta el momento, aseguró, sólo tiene conocimiento de que a su cliente se le acusa con base en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
“En este sentido haremos valer una incompetencia, pero hay aspectos múltiples de los cuales en nuestro concepto deriva la posibilidad y en estricto derecho de que se le decrete no sólo la incompetencia sino un auto no de no vinculación a proceso al exgobernador”, destacó.
El artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión a quien “realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.
“La pena prevista en el párrafo anterior, se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”, indica la legislación vigente.
El abogado, titular del despacho ubicado en la colonia Lomas de Chapultepéc, insistió en que “el proceso es jurídico y tenemos la convicción de que el poder judicial del estado de Nuevo León actuará como es su costumbre, apegado a derecho”.
“Esperamos objetividad para analizar tanto los argumentos de la acusación como también los de la defensa y deberá pronunciarse y emitir sus resoluciones conforme a derecho, es lo que vamos a solicitar además de un análisis exhaustivo del caso”, concluyó.
Los delitos por los que fue aprehendido el exmandatario se relacionan con la denuncia presentada por el actual gobernador, Samuel García Sepúlveda, cuando era senador por Movimiento Ciudadano, por presuntamente haber empleado a servidores públicos para recabar firmas y validar su candidatura independiente a la presidencia de la República en el 2018.
