Comunicado CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 66/2022 a la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, debido a que personal de esa instancia integró, de manera deficiente, diversas indagatorias iniciadas para esclarecer los hechos de violencia ocurridos durante diciembre de 2016 en el municipio de Jesús Carranza, en los que perdieron la vida 20 personas y dos más resultaron lesionadas; así como por las omisiones en la actuación de peritos y personal de la Visitaduría General de esa instancia, en agravio de 36 víctimas.
El 22 de diciembre de 2016 una persona presentó una queja ante este Organismo Nacional a la que adjuntó diversas notas periodísticas que narraban los hechos ocurridos entre los días 3 y 5 de ese mes y año en las poblaciones de Suchilapan del Río y Casa Blanca, pertenecientes al municipio de Jesús Carranza. Según la información que conforma la queja, en los mencionados días se registraron enfrentamientos entre grupos civiles armados y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, mismos que dejaron como saldo 20 personas fallecidas.
Derivado de ello, fueron identificadas seis de las 20 personas finadas -de las cuales, cinco fueron incineradas y sus cenizas entregadas a sus familiares-; también se entregó el cuerpo de una mujer a sus deudos y 14 cuerpos más fueron inhumados en una fosa común del cementerio de Acayucan.
La información agregaba que la postura del entonces gobernador de la entidad fue que el incidente se trató de “la estricta aplicación de la ley en el combate a la delincuencia y el salvaguardo de la seguridad de los veracruzanos”. Sin embargo, extraoficialmente se indicó que la mayor parte de las personas fallecidas presentaban el tiro de gracia, lo que explicaba su incineración.
La CNDH encontró que los agentes del Ministerio Público encargados de integrar la investigación del caso omitieron realizar diversas acciones para su perfeccionamiento y que personal de servicios periciales no dieron puntual respuesta a lo requerido, vulnerando así el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
El funcionario de la Fiscalía estatal encargado de iniciar la Carpeta de Investigación 1 no dio
seguimiento a diversos oficios emitidos por él mismo, en los que solicitaba verificar que las dos víctimas lesionadas contaran con antecedentes penales u órdenes de aprehensión; revisar si los vehículos utilizados en los hechos tenían reporte de robo, y tampoco supervisó que se determinara si las pruebas de rodizonato de sodio, tomadas a algunos de los fallecidos, resultaran positivas o negativas.
Además, no se observó respuesta de que se hayan tomado las muestras de ADN de dos
cadáveres que hasta la emisión de esta Recomendación no estaban identificados.
Por otro lado, al abrir la Carpeta de Investigación 5, por los hechos ocurridos el 4 de diciembre de 2016, la CNDH constató que el fiscal segundo de la Sub-Unidad Integral de Procuración de Justicia del XX Distrito Judicial de Jesús Carranza tampoco dio seguimiento al cumplimiento de los oficios que giró para esclarecer los hechos, toda vez que no se advirtió la realización de criminalística de campo, secuencia fotográfica, ni la elaboración de la mecánica de hechos. No existe respuesta sobre la aplicación de la prueba de Walker de la vestimenta de una de las víctimas y las necropsias presentan errores de redacción. Aunado a lo anterior, nueve víctimas continúan en calidad de desconocidas, y de dos no obra constancia de que sus cuerpos hayan sido entregados a sus familiares.
Después de más de dos años, el 26 de septiembre de 2019, el entonces encargado de la Fiscalía Regional Zona Sur Coatzacoalcos dio vista a la Visitaduría General de la Fiscalía respecto de la deficiente integración de la Carpeta de Investigación 1 y, el noviembre de 2020, dicha instancia envío el expediente al Órgano Interno de Control, instancia que lo concluyó y archivó por prescripción.
Ante ello, la CNDH solicita a la Fiscal estatal reparar el daño a las víctimas que resultaron lesionadas, así como a los familiares de las personas fallecidas y colaborar para que tengan acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de Veracruz, además de otorgarles atención psicológica y tanatológica. Asimismo, pide extraer del archivo temporal las Carpetas de Investigación 1, 5 y 7 para continuar con la integración de las mismas, a fin de esclarecer lo ocurrido, y realizar la identificación de las nueve personas que se encuentran en calidad de desconocidas para entregar los restos a sus
familiares.
También deberá instruir a la Visitaduría General de la FGE que realice una visita de inspección extraordinaria, elabore las actas correspondientes y realice las observaciones necesarias para mejorar el servicio y evitar deficiencias e irregularidades en los expedientes penales iniciados en este caso. Por último, solicita dar a conocer la presente Recomendación al personal ministerial, pericial y de la Visitaduría General para evitar violaciones a los derechos humanos, además de impartir cursos de capacitación sobre seguridad jurídica, con el propósito de prevenir hechos similares.
La Recomendación 66/2022 ya fue debidamente notificada a su destinatario y puede ser consultada en la página cndh.org.mx.
