Redacción Versiones
La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy un proyecto que avala la Ley de Residencia Efectiva (conocida popularmente como Ley Nahle) .
Versiones desde la SCJN, indican que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso al pleno de la Corte declarar infundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre dicha ley.
El PAN y PRD impugnan la reforma del pasado 11 de agosto al artículo 11 de la Constitución de Veracruz, que ahora permite acceder a la Gubernatura a “las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del das mediante acciones de estado con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.
El proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena rechaza tanto argumentos sobre vicios de procedimiento legislativo, como sobre el contenido de la reforma, que para ser anulada, requiere el voto de al menos ocho de los once ministros.
La Corte resolverá este asunto cuatro meses después de recibirlo, porque la materia electoral tiene trámite prioritario en el tribunal. Las elecciones para la gubernatura de Veracruz serán en junio de 2024.
ROCÍO NAHLE ERA ELEGIBLE
Si bien se realizó esta reforma conocida como Ley de Residencia Efectiva, especialistas en derecho que previamente ya han sido consultados por Versiones.com.mx, señalan que ella ya era una persona elegible como candidata a la gubernatura de Veracruz, pues la ley federal así lo contempla con el principio básico de que todo ciudadano mexicano tiene derecho de votar y ser elegido.
Cuando promovió su acción de inconstitucionalidad, el PRD pidió al Ministro suspender la reforma, lo que fue negado, pues la Corte no puede frenar la vigencia de leyes impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad.
“El que a partir de un conjunto de normas como la que ahora se cuestiona, se lleve a cabo un procedimiento, y se designen ció en Veracruz, mientras ciertos tipos de cargos públicos, no lleva a considerar que esta consecuencia normativa es definitiva e irreversible, y que con ello se afectará gravemente los derechos humanos involucrados”, planteó.
