La Unidad de Inteligencia Financiera reforzó la investigación en contra del expresidente Felipe Calderón y otros funcionarios relacionados con Genaro García Luna, y ya encontró elementos que podrían resultar en nuevas denuncias penales derivadas de los contratos por más de 745 millones de dólares que beneficiaron al exsecretario de Seguridaddurante el último sexenio panista.
MILENIO confirmó que la investigación que se inició desde inicios de este gobierno, se reforzó en el último año a la par de que avanzaba el juicio en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, y que este martes fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con sus vínculos con el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Aunque desde el inicio de este gobierno la UIF intentó encontrar irregularidades en el sistema financiero en contra del expresidente de la República panista, Felipe Calderón sin grandes hallazgos, el titular de la UIF, Pablo Gómez confirmó a este medio que la investigación contra el expresidente panista no sólo sigue abierta, sino que incluso, ya detectaron nuevas evidencias.
“No (se ha cerrado), no, a Calderónse le sigue analizando, no se ha suspendido el análisis de Calderóny de ninguna persona vinculada o posiblemente relacionada con García Luna”.
Al preguntarle directamente si “todavía no encuentran nada adicional”, replicó: “no, sí, sí, hemos encontrado muchas cosas, pero todavía no las puedo decir porque tengo que terminar, no hemos terminado, imagínate”.
Con estas nuevas evidencias, la Unidad de Inteligencia Financiera podría tener finalmente, elementos sólidos para una denuncia penal en contra de Felipe Calderón, pero incluso en contra de otros funcionarios de las dependencias que entregaron los contratos a las empresas de García Luna. Empresas que además, tienen cuentas bloqueadas, que están denunciadas penalmente ante la Fiscalía General de la República y que forman parte del juicio que inició el gobierno mexicano en Florida para recuperar los bienes que se compraron con este dinero del erario.
La investigación que relaciona a Felipe Calderón está directamente vinculada con 30 contratos “considerados como ilícitos”, por un monto total de 745 millones 879 mil 384 dólares.
Los contratos van del 17 de febrero de 2009 con Felipe Calderón, hasta el 20 de abril de 2018 ya con Enrique Peña Nieto como presidente de la República e involucran a la Policía Federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Las autoridades incluso, han detectado que las empresas Nyce Systems, Nunvav Inc y Nunvac Technologies Inc de García Luna no lograron cobrar la totalidad de los contratos, pero sí la gran mayoría.
Pablo Gómez recordó que la UIF ahora apuesta por ser más discreta en las investigaciones, para no alertar a los implicados y para respetar el debido proceso, pero reiteró que la indagatoria contra Genaro García Luna continúa en México. Incluso, destacó que de estos 30 contratos por más de 745 millones de dólares equivalentes a casi 15 mil millones de pesos, y que presentó en la conferencia de prensa mañanera respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrían resultar muchos más.
“Y sigue el análisis, no se ha terminado, este análisis lo hemos hecho en el gobierno y seguimos revisando”.
Por lo que, mientras en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad calderonista ya fue declarado culpable por narcotráfico y falsedad de declaraciones, en México seguirá la investigación por actos de corrupción además de la demanda civil en Florida, con la que el gobierno mexicano busca recuperar propiedades adquiridas presuntamente con el dinero triangulado a través de estos contratos.
La UIF ha presentado en los últimos años, denuncias penales en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, esta última, quien el pasado viernes logró una suspensión definitiva para salir de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF con lo que podrá volver hacer uso del sistema financiero mexicano.
