El exalcalde panista Christian Von Roehrich llegó a la Ciudad de México procedente de Tamaulipas, donde fue detenido al intentar ingresar a Estados Unidos.
El exalcalde aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un vuelo comercial, procedente de Reynosa.
Se prevé que sea ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, según informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. Dicho penal el mismo en el que se encuentra preso el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
¿De qué se le acusa a
Christian Von Roehrich?
Christian Von Roehrich de la Isla fue Diputado Local en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del congreso local y alcalde de Benito Juárez (2015 a 2018).
El pasado 8 de diciembre del 2022 se giró una orden de aprehensión a Christian Von Roehrich por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) además de que se solicitó la ayuda de la ciudadanía para detenerlo.
En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión a Christian Von Roehrich por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa.
La Fiscalía detuvo a tres ex servidores públicos de la alcaldía por presuntamente ser prestanombres de funcionarios de alto nivel en la demarcación, y que todos ellos desempeñaron cargos públicos durante la administración que encabezó Christian Von Roehrich, además de su presunta implicación con el Cártel Inmobiliario.
“Posterior al sismo de 2017, la alcaldía Benito Juárez erogó cerca de 207 millones de pesos asignados a presuntas empresas fantasmas. Esta asignación fue mediante tres contratos: dos de ellos emitidos por un monto exacto destinado a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición, más un contrato adicional por mantenimiento de inmuebles públicos afectados”, detalló el vocero de la Fiscalía Ulises Lara.
De acuerdo con las investigaciones, los integrantes y las actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un “correcto uso” de los recursos públicos.
