Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio una nueva versión de lo ocurrido en el incendio que mató a 40 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que “quien tenía la llave no abrió”, además de que nunca imaginó que el fuego se propagaría de una manera importante.
“Se ha avanzado mucho, lo que pasa es que nuestros adversarios no reconocen nada de lo que se está haciendo y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los Gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en materia de derechos humanos, por ejemplo de os migrantes, acaba de suceder hace poco este hecho lamentable y ya hay nueve o diez personas en la cárcel”, expresó.
“Este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta y quienes estaban ahí incendiaron unas colchonetas pensando que con la protesta iban a poder salir”, manifestó.
“Están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió, pienso, que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente, y la asfixia. Sucede esta desgracia y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes”, subrayó.
El tabasqueño apuntó que hay un proceso abierto contra quienes resulten responsables por el siniestro en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
“Hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía, la instrucción al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los Gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país”, explicó.
“No somos iguales, en este Gobierno no ha habido masacres, no se tortura a nadie, no se violan derechos humanos desde el Estado”, indicó.
Un juez decidió el domingo pasado abrir juicio contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por su responsabilidad en este hecho.
El escrutinio internacional sobre el rol del Gobierno de México y el INM ha crecido tras el incendio del 27 de marzo, cuando murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, lo que El Salvador consideró un “crimen de Estado”.
