Invalida Corte segunda parte del plan B electoral propuesto por AMLO

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la segunda parte del plan B electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por violaciones al procedimiento cometidas por los legisladores de la mayoría parlamentaria de Morena y partidos aliados.

El pleno de la SCJN determinó invalidar las reformas de la denominada segunda parte del plan B electoral por mayoría de nueve votos. Los votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por partidos y legisladores de oposición, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en contra de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en febrero de este año.

Los legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde aprobaron en fast track diversas reformas a la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, de la Ley General de partidos políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expidieron una nueva Ley General de los medios de impugnación en materia electoral.

En su proyecto, el ministro Javier Laynez Potisek propuso invalidar dichos cambios legales debido a que los legisladores no justificaron el trámite urgente de la iniciativa, no se distribuyó con anticipación la iniciativa ni hubo un plazo razonable para su estudio, lo que implicó violaciones al procedimiento legislativo.

De acuerdo con el estudio hecho por el ministro ponente, la iniciativa que fue publicada se cambió al momento de su discusión. Además, ambas cámaras del Congreso modificaron artículos que ya habían sido aprobados, lo cual está prohibido por la Constitución.

El pasado 8 de mayo, la SCJN invalidó por mayoría de nueve ministros la primera parte del plan B electoral del presidente. En esa ocasión, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz votaron en contra de considerar inválidas las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas.

Con la decisión de la Suprema Corte, el proceso electoral de 2024 se llevará a cabo con las reglas anteriores a las reformas que se habían aprobado.