La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, propone ordenar la suspensión total del proceso de selección del candidato presidencial de Morena, por tratarse -argumenta- de una estrategia para defraudar la ley para la realización de campañas disfrazadas.
En su proyecto de resolución, el cual podría discutirse en la sesión de mañana, la juzgadora argumenta que de manera sistemática, reiterada y continua se ha evidenciado que las llamadas “corcholotas” han sido omisas en ajustar su actuar a las normas y previsiones que buscaban garantizar el principio de equidad en la contienda para el proceso electoral federal que está próximo a iniciar.
Agrega que con el despliegue de estas conductas y de los elementos de prueba que al momento obran dentro del expediente, es posible sostener que los aspirantes presidenciales, así como Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, han venido obteniendo un beneficio de sobreexposición que de otra manera no podrían conseguir válidamente.
Refiere que todos estos elementos, analizados en su conjunto, robustecen la hipótesis de que dicho proceso está sirviendo a las personas denunciadas, como un mecanismo de promoción y sobreexposición de su persona, al tiempo que es conocida su intención y aspiración de contender en el próximo proceso electoral federal 2023-2024 para la Presidencia de la República.
Otálora Malassis menciona que con el proceso de Morena se está ante un uso abusivo de un derecho, que, con independencia de si es o no su finalidad, configura en los hechos unfraude a la legislación electoral, para burlar las prohibiciones que el ordenamiento jurídico establece para la realización de actos anticipados que puedan poner en riesgo la equidad de las contiendas electorales.
Asimismo, señala que dentro de la normativa estatutaria de Morena, se contempla la figura de los Comités de Defensa de la Transformación, que fungen como base de la estructura del partido político.
Sin embargo, dentro de dicha estructura, no se contempla la existencia de una coordinación nacional que tenga a su cargo la organización y/o administración de dichos órganos colegiados.
De tal suerte que no es posible conocer, con certeza, las labores que, en su caso, desempeñará la persona que resulte electa.
