José Ortiz Medina
El que la tiene muy complicada es el alcalde de Jalacingo, Roberto Perdomo Chino. Su futuro político a largo plazo es incierto, y a corto plazo al menos no podrá postularse a ningún cargo de elección popular en los próximos dos años. O sea, que en 2024, este munícipe que ni sueñe con una diputación o algo que se le parezca.
Y es que Perdomo Chino, fue registrado en el Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género y permanecerá inscrito durante 24 meses, luego de la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
En su sesión del pasado 28 de agosto, se acreditó que el funcionario municipal sí incurrió en violencia política en contra de la síndica del ayuntamiento, Concepción Bandala Martínez. De acuerdo con las resoluciones de los expedientes TEV/JDC/19/2023, TEV/JDC/26/2023, TEV/JDC/30/2023 y TEV/JDC/69/2023, se destaca que dichos asuntos, en los que ya se había actualizado que el alcalde llamara a sesión de Cabildo a la síndica, sin embargo, hizo caso omiso y se repitieron las acciones del acto reclamado.
La ponencia estimó que se acredita la violación política en razón de género por parte del alcalde en cuestión, “por tanto ante la actualización de esta conducta” se da vista “al Órgano Público Local Electoral (OPLE) y al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de incluir al ciudadano Roberto Perdomo Chino por la temporalidad de 24 meses al Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género”.
Durante la sesión se declaró fundada la queja de la servidora pública municipal, quien procedió a interponer la denuncia el 20 julio, donde aseguró que el alcalde obstaculiza sus labores. Además de dar a conocer que supuestamente su salario es menor al de otros funcionarios de esta alcaldía.
“Se le ordena citar adecuadamente a la actora a las sesiones de Cabildo, mientras que al ayuntamiento se le ordena que modifique su presupuesto de egresos 2023 para que reajuste las remuneraciones de la actora y haga el pago retroactivo a partir de una modificación presupuestal con fecha 16 de junio”.
El 25 de enero, la síndica Concepción Bandala Martínez dio a conocer que procedió legalmente contra el alcalde Roberto Perdomo Chino, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Tesorero municipal, Juan Pablo Becerra Hernández, por presuntos actos de corrupción, acoso y amenazas de muerte.
La funcionaria municipal explicó que hizo públicas las denuncias de corrupción contra regidores y el tesorero municipal, por la compra de un terreno en litigio en la localidad de Xalame, para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable. A partir de este caso, supuestamente comenzaron las amenazas y luego la violencia política en razón de género, por lo que decidió interponer las quejas ante el Tribunal Electoral de Veracruz, donde se determinó que el edil incurrió en ilícito.
Comentan que no es el único caso en el que ha salido a relucir la actitud violentadora de mujeres de Roberto Perdomo Chino, pues -aseguran- han sido muchas las quejas por su misoginia y machismo. Son muchas las féminas que se quejan por su actitud de desprecio y hasta postura grosera hacia las mujeres.
Pero para que chequen el tamaño del cinismo de este presidente municipal, hace poco en las festividades de la feria agradeció al pueblo que le hayan ayudado a formar su patrimonio. Ahora, sí como Condorito: “¡plop y recontra plop!”. Si alguien lo duda, les presentamos el siguiente video:
El TEV ya actuó. Pero ahora falta que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), procedan contra Roberto Perdomo Chino y contra el también corrupto Tesorero Juan Pablo Becerra Hernández.
Ojalá que tanto al Orfis como a la FGE no les tiemble la mano y -tal como lo ha insistido el gobernador Cuitláhuac García Jiménez– se aplique la ley sin distingos políticos.
Se espera que se proceda contra este par de malandros sin importar que militen en el PVEM, partido que seguramente formará parte de la alianza de la 4T a nivel nacional y en el estado de Veracruz.
Ya se verá si García Jiménez cumple su palabra de que en este caso no haya presiones políticas. Cero impunidad, como lo pregona el mandatario estatal. Que así sea.
