José Ortiz Medina
Se ha generado una polémica en estos días por la campaña que ha emprendido la Universidad Veracruzana, institución de educación superior que solicita un presupuesto del 4% del presupuesto total del Gobierno del Estado, por lo que no está de más aclarar algunos puntos en este mar de desinformación propiciada desde nuestra Máxima Casa de Estudios.
Antes que nada, hay que admitir que la demanda por tener más recursos de la Universidad Veracruzana es una petición legítima.
Pero es preciso puntualizar también que la administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez siempre ha actuado consciente de la relevancia de la UV, y en ese sentido, el gobierno del estado ha mostrado con hechos que a la Universidad no se le deja sola ni se le abandona, como sí ocurrió en administraciones anteriores.
Y es que, por ejemplo, la presente administración estatal fue la encargada de saldar los adeudos de la Universidad con el SAT, pasivos que se remontan a la época de Javier Duarte, ello por un monto total de 3,325.5 millones de pesos.
Cabe también destacar que durante este año que está por concluir, el Gobierno del Estado ha cumplido con el presupuesto que le corresponde por Ley a la Universidad, incluso dando ampliaciones mediante convenio por 250 millones de pesos, así como 90 millones más para la construcción del teatro de la UV.
Como es sabido, la controversia se deriva de que la Universidad quiere que el 4% sea sobre la base presupuestal total del Estado, lo cual -OJO- no lo estipula la Ley. La base presupuestal estipulada para el cálculo del 4% es sobre el Presupuesto General del Estado entendido como los Ingresos de Libre Disposición, lo cual se fundamenta en la Fracción II del Art. 72 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En otras palabras, no es posible aplicar como base presupuestal para el cálculo del 4% que corresponde a la UV, utilizando el total del presupuesto, ya que en ese presupuesto total se encuentran recursos etiquetados de municipios, maestros, salud, seguridad y obra pública. Utilizar esa base prácticamente es presionar presupuestalmente al Estado y no cumplir con necesidades prioritarias de la población.
Utilizar la base presupuestal de los Ingresos de Libre Disposición sí es racional, tal como lo estipula la Fracc. II del Art. 72, y no compromete los recursos que son urgentes de aplicar para revertir los rezagos en los que se encuentra el estado, para generar condiciones de crecimiento y desarrollo para el bienestar de las familias, así como para impulsar a la entidad como referente para la atracción de más y nuevas inversiones.
Es preciso señalar, que de todas las universidades del país, la UV es la que mayor subsidio estatal recibe con un 51% del total de sus recursos.
Existen Universidades como la Universidad Autónoma de Benito Juárez Oaxaca con solo el 11.56% y, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Nayarit que solo reciben de sus Estados el 15% del total de sus recursos.
Las únicas tres Universidades que se acercan al porcentaje que recibe la UV de sus Estados son: Universidad Autónoma de Occidente (50.76%), Universidad Autónoma del Estado de México (50%) y la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (50%).
También es preciso señalar que el Gobierno del Estado de Veracruz no desconoce las demandas legítimas de la comunidad universitaria; por el contrario, la actual administración ha sido la que ha saneado sus finanzas y en todo momento ha cumplido con la asignación presupuestal conforme lo que estipula la Ley.
