Por José Ortiz Medina
Ha trascendido en fuentes del palacio de Justicia que en breve serán presentadas denuncias contra Elvis Viveros Arroyo y Ofir Ali Gutiérrez Ponce, ex jefe de Recursos Generales y ex subdirector de Recursos Materiales, respectivamente, del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Las denuncias serán por diversos delitos relacionados con la creación de empresas fantasma y por depósitos irregulares y en grandes sumas a algunos empleados de ese poder autónomo.
Así, se sabe que estos ex funcionarios habrían realizado múltiples depósitos que oscilaban entre 20 mil y cien mil pesos, y después les decían a esos trabajadores que una vez retiradas dichas cantidades, tenían que devolver el dinero a los ex funcionarios antes citados.
Lo anterior era -según- “para no dejar huella” y evadir al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Fuentes de muy alto nivel revelaron a este columnista que “ya están armando los expedientes” para interponer las correspondientes denuncias ante la Fiscalía General del Estado por peculado, entre otros delitos, y ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero o transacciones de dinero derivado de actividades ilícitas.
Asimismo, esas mismas fuentes refieren que esto es apenas la “punta del iceberg”, ya que habría más hechos de presumible corrupción.
De igual manera, una vez presentadas las denuncias y en caso de que un juez libere las órdenes de aprehensión correspondientes, las investigaciones ministeriales irán encaminadas a averiguar si ambos ex servidores públicos actuaron solos o si tuvieron algún o alguna cómplice en este entramado de corrupción.
En ese tenor, se sabe de inmejorable fuente que la “lumbre” podría alcanzar a la recién destituida de la Dirección General de Administración, Joana Marlen Bautista Flores.
De mientras, a los sospechosos de esta red de corrupción ya se les mantiene discreta vigilancia (les pusieron “campana”, como dicen en el argot judicial) por parte de las autoridades ante el temor de que pudieran darse a la fuga.
Tanto Joana Marlen como sus ex colaboradores se daban la gran vida adquiriendo autos de lujo, comprando propiedades -con prestanombres, obvio es- o realizando viajes al extranjero, como fue el caso de Ofir Ali Gutiérrez Ponce, quien fue cesado del cargo tras trascender en redes sociales su viaje por Las Vegas.
Joana Marlen tuvo el cinismo de refutar a este columnista que ella “no trabajaba por dinero”, y dejó entrever que ya era “rica” desde antes de ostentar el cargo de la Dirección General de Administración. Incluso mostró foto a quien esto escribe de un auto deportivo de cuando se casó. De todo esto tenemos copia y constancia y lo sacaremos a la luz. Será harto divertido.
Cabe destacar que gran parte de los recursos los obtenían gracias a la creación de empresas fantasma o empresas que expiden facturas falsas o apócrifas (factureras).
Así, se sabe, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz contrató a una presunta empresa fantasma llamada Reso Sistemas Integrales.
El supuesto consorcio comercial fue contratado el pasado 7 de septiembre para realizar una auditoría externa, revisión e inspección de índole financiera presupuestal, de legalidad, de desempeño u operativa de carácter extraordinario a los órganos fiscalizables del Poder Judicial.
Sin embargo, no existe información tributaria o fiscal de la empresa, y los únicos datos con los que cuenta la Secretaría de Economía es que entre sus principales actividades se dedica a la prestación de servicios de gestión integral de residuos, es decir, recolecta basura.
Entre los socios de la corporación sobresalen Ángel Ramírez Bretón funcionario legislativo durante el bienio yunista y actual notario público con residencia en Emiliano Zapata, así como José Alfonso Trujillo Manzano, Guiomar Velázquez Fajardo, Janet García Díaz y Víctor Manuel Salazar Colorado.
A pesar de las irregularidades de la empresa Reso Sistemas Integrales, los integrantes del Consejo de la Judicatura, los magistrados Lisbeth Jiménez Aguirre, Esteban Martínez Vásquez y Antonio Sobrevilla Castillo, así como los consejeros Humberto Hernández Reducindo y Claudia Galán Espinoza autorizaron el pago de los ‘servicios’ a la empresa con recursos del Fondo Auxiliar de ese órgano autónomo.
Aunque el Poder Judicial cuenta con su propia Contraloría Interna, para precisamente observar el cumplimiento del correcto funcionamiento de cada área, decidieron contratar a la empresa Reso Soluciones Integrales manteniendo oculto el monto pagado a la sociedad comercial.
La auditoría se centró en la Dirección de Administración, que estaba a cargo de Joana Bautista Flores.
Y aunque todos los contratos deberían pasar por la Dirección de Administración, en este caso, fue el Consejo de la Judicatura quien lo hizo de manera directa para investigar presuntas irregularidades en esa área, en la que también se comenta que los expedientes de las licitaciones fueron utilizados como rico filón para medrar.
Víctor Manuel Salazar es quien aparece como representante legal de la empresa y, al mismo tiempo, “asistente legislativo” del Congreso veracruzano, adscrito a la oficina de la del Grupo Legislativo del PAN como consta en documentos oficiales que pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Apenas se está abriendo la cloaca y el hedor es ya insoportable.
