Redacción Versiones
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informar sobre las gestiones para solicitar la extradición de Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa
Abdalá Saad es acusado por delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal de Veracruz.
Se sabe también que fue uno de los operadores financieros de Javier Duarte en lo que serían presuntos desvíos millonarios en el Gobierno de Veracruz, mismos que originaron una deuda casi impagable en las siguientes administraciones.
Duarte de Ochoa está preso desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
El asunto llegó al pleno del INAI ante una solicitud de información, luego de que la Cancillería respondió a dicha petición que brindar información respecto a si existe o no una petición de extradición en contra de una persona se contrapone al derecho de la presunción de inocencia, por lo que clasificó como confidencial lo requerido, basándose en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fue el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, quien planteó que transparentar la información requerida permite la fiscalización respecto de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, particularmente en este tipo de casos como el de Tarek Abdalá.
“Debe prevalecer el interés público ante la clasificación, ya que se trata de información respecto del desvío de miles y miles de millones de pesos, que claramente no afectan únicamente al patrimonio de Veracruz, sino la vulneración de muchos derechos humanos que se deben garantizar a través de la asignación de estos recursos”, subrayó.
La ponencia de Alcalá Méndez llevó a cabo una prueba de interés público, donde se determinó que dar a conocer lo requerido por el solicitante permitirá conocer las condiciones de la procuración de justicia contra ex funcionarios públicos que realizaron actos de corrupción; asimismo, facilitará la evaluación de las acciones que lleva a cabo la SRE para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso de extradición.
