Graves problemas de corrupción, saqueos, mentiras, tráficos de influencias y conflictos de interés en las obras de los dispensarios médicos de pésima calidad, en zonas despobladas sin servicios de luz, agua, drenaje, ni equipamiento, ni medicamentos, mucho menos médicos y enfermeras por obvias razones.
En todas las obras en materia de salud pública fue solo un gran negocio para el alcalde con sus empresas en sociedad con el hermano de su yerno el Arquitecto Bernardo Rodríguez Curiel, quien se desempeñaba como subdirector de obras del Ayuntamiento; también socio del alcalde como subcontratista que las construyó, olvidando que incurrían en varios delitos graves en el ejercicio público. El ex funcionario en mención salió mal con el alcalde por el reparto de las utilidades; ya que el alcalde pretendía sacrificarlo, dicho funcionario prefirió huir ante la situación y hoy el alcalde es responsable del saqueo.
Óscar Guzmán ofreció en su plan de desarrollo equipar 21 centros de salud con los que cuenta la jurisdicción sanitaria para la atención médica en las comunidades y reforzarlos con un doctor con enfermera más, para que dieran servicio día y noche. Nada de eso ha sido cierto.
Tampoco se encontraron las 100 casas de atención a primeros auxilios en puntos estratégicos en las comunidades de todo el municipio. Será que por eso Óscar Guzmán no ha hecho acto de presencia y mucho menos volvió a las localidades por el saqueo de las obras de mala calidad, incluidas, abandonadas y en su mayoría fantasmas. Hoy prefiere gobernar desde su burbuja publicitaria de fantasía para las redes sociales a escondidas y una administración a la deriva.
Óscar Guzmán ofreció instalar una central de emergencias equipada con 5 ambulancias, dispuestas en tres puntos estratégicos para cubrir todo el municipio, 3 en Pánuco cabecera, 1 en Moralillo y 1 en la Michoacana, las cuales estarían enlazadas con las 100 casas de primeros auxilios y los 21 centros de salud comunitarios de la jurisdicción sanitaria, así como con el Hospital Civil. Todo resultó una farsa para la población.
De todas estas irregularidades, el Orfis deberá observar un monto de
$17,898,250.97. A ver si es cierto que doña Delia dice combatir la corrupción o si es puro choro.
