La defensoría pública y el abogado privado de Mario Aburto Martínez coinciden en que están puestos sobre la mesa todos los elementos jurídicos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechace esta tarde el recurso de revisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y, por tanto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio sea liberado en 10 días.
“El cumplimiento tendría que ser inmediato. Te podría decir que ya en 10 días pues en realidad ya va a estar compurgado (la pena por el asesinato), a partir de esa fecha ya estaría, digamos, retenido en exceso”, dijo a MILENIO Jaqueline Sáenz, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública y parte del equipo que trabaja en el caso Aburto.
El abogado personal de Aburto, Jesús González Schmal, coincide en el plazo: saldría en 10 días.
“Todos los elementos que existían ya se ventilaron en otras carpetas de investigación, está plena y absolutamente terminado el asunto de Mario Aburto. La resolución que tendrá que emitir el juzgado es su inminente liberación”, plantea.
El proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjatserá discutido en el transcurso de este miércoles 13 de marzo y, según fuentes al interior de la Corte, irá en el sentido de que se deseche la petición realizada por la FGR.
El argumento será que no hay elementos para que la SCJN sea quien revise el tema Aburto, ya que no plantea ningún tema de constitucionalidad. La Ley de Amparo marca que, cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo, como en este caso, la Corte sólo resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratados internacionales, entre otros.
La sentencia de Mario Aburto, emitida por un tribunal colegiado, no entra en ninguna de estas consideraciones, por lo que los litigantes esperan que los ministros voten a favor del proyecto de Ríos Farjat, lo cual implica que su cliente sea liberado a más tardar el 23 de marzo, cuando se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994.
Los defensores de Aburto recuerdan que desde 2021 presentaron una demanda de amparo directo contra la sentencia de 45 años de prisión que recibió en octubre de 1994, cuando la entonces fiscal especial Olga Islas determinó que no hubo un complot, sino un asesino solitario.
En este recurso presentado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca por la Defensoría Pública, argumentaron que Aburto debió ser juzgado por el delito de homicidio, pero como lo marcaba el Código Penal para el estado de Baja California.
Y es que el magnicidio se cometió en Tijuana, Baja California, y Colosio aún no tenía ningún cargo público, razón por la que no aplicaba el Código Penal Federal.
La defensora pública Jaqueline Sáenz considera que “no hay nada más que pelear, es decir, ya cumplió su condena y en realidad también lo que tendremos que mirar como sociedad, es cómo estamos entendiendo el punitivismo penal y además como estamos desinformando sobre una supuesta impunidad. En este caso el asunto fue juzgado, se agotaron las instancias y lo que se tendrá también que proporcionar son posibilidades de reinserción social”.
