Mario Maldonado / El Universal
Pemex va de escándalo en escándalo y hacia el final del sexenio la crisis financiera y operativa que enfrenta ha puesto la mira en la dupla que desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado, de manera muy cuestionada, las riendas de la petrolera: el director general, Octavio Romero Oropeza, y su mano derecha, el director Corporativo de Administración y Servicios, Marcos Herrería Alamina.
La semana pasada revelé que a principios de abril el gobierno de Estados Unidos envió a México a su asesor de temas energéticos, Amos J. Hochstein, para apoyar en la búsqueda de soluciones a la crisis de Pemex, puesto que una debacle de la empresa afectaría también a la industria de Estados Unidos y a los fondos de pensiones americanos que están invertidos en la petrolera mexicana, pero el director Octavio Romero se negó a recibirlo.
Ahora está a punto de estallar un nuevo escándalo relacionado con el uso de químicos de baja calidad para el tratamiento del crudo, los cuales se utilizan en refinerías como la de Dos Bocas. Resulta que el mal manejo de estos productos ha generado la expansión de gases contaminantes dentro de los complejos de la petrolera hacia las poblaciones cercanas, provocando la queja de los habitantes.
En septiembre del 2022, Pemex anunció el servicio del Tratamiento químico para la deshidratación y desalado de crudo en plataformas marinas y en la Terminal Marítima de Dos Bocas, lo que, según la empresa, representó uno de los “logros más significativos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)”. Sin embargo, con el paso de los años, la realidad es que esta estrategia no ha funcionado y a las denuncias de trabajadores y pobladores se suman las de contratistas de la petrolera.
Los proveedores de Pemex han denunciado ante el Órgano Interno de Control y otras instancias que no se están cumpliendo los estándares para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones por parte del Instituto Mexicano del Petróleo, y que se les ha negado contratos por esta situación, por lo que ya se iniciaron auditorías.
Hace unos días se llevó a cabo una reunión “urgente” para atender tales denuncias, la cual fue encabezada por Marcos Herrería. Los contratistas detectaron que se están haciendo compras indebidas de productos fuera de normatividad o con permisos que ya prescribieron, lo cual ha sido tolerado por el Instituto Mexicano del Petróleo, que encabeza Marco Osorio Bonilla, el cual si bien debería mostrar cierta independencia respecto a Pemex, al parecer es controlado totalmente por Marcos Herrería.
El IMP es el responsable de certificar la mayoría de los productos que utiliza y produce Pemex, lo cual se ha prestado a corrupción, pues es el encargado de otorgar permisos o revocarlos a los contratistas de la empresa. Y si bien se habla de que el operador de los permisos es Herrería Alamina, detrás de este estaría Javier Núñez López, un tabasqueño acusado en 2012 de operar desvíos de fondos públicos del gobierno de la ciudad al proyecto de López Obrador, y actual responsable de la firma de los contratos más cuantiosos asignados en Pemex, por más de 100 mil millones de pesos, según la organización MCCI, desde su cargo como subdirector de Abastecimiento de la petrolera.
Otra funcionaria en la mira por este caso es la coordinadora de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas de Pemex, Lada Coral Castro.
Así las cosas en Pemex, la bomba de tiempo del siguiente gobierno, la cual tiene pendiendo de un hilo la invitación de Claudia Sheinbaum al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para que se quede al frente de la dependencia si gana la Presidencia. Nadie quiere echarse la responsabilidad de intentar salvar o dejar morir a Pemex.
