En Corto… Sin Cortes / IPAX, UNA CUEVA DE ALÍ BABÁ Y LOS 40 LADRONES

José Ortiz Medina

Si la gobernadora electa Rocío Nahle en verdad desea desterrar el estigma de corrupción que le endilgaron sus adversarios políticos, entonces deberá auditar las áreas del gobierno del estado que estén bajo sospecha de corrupción ya sea por las observaciones que ha realizado el Orfis, la Contraloría del estado o bien denuncias documentadas que ya comienzan a circular en algunos medios.

Si Nahle tiene la voluntad de realmente de investigar y sancionar (de comprobarse esos actos de corrupción), no sólo se legitimará en el cargo, sino que pondrá un tapón de boca a los partidos de oposición al demostrar en los hechos, y no en el mero discurso, que habrá cero tolerancia a la robadera.

Casos de corrupción abundan en el gobierno cuitlahuista, lo mismo en la SEV, que en la SIOP, Secretaría de Salud, Sedema, Seguridad Pública, por citar algunas.

Pero un caso particular es el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), cuyo Comisionado es Héctor Manuel Riveros Hernández, de muy oscuros antecedentes, y quien busca que Rocío Nahle o bien lo ratifique en el cargo o bien lo incorpore en otra área del gabinete.

Este siniestro personaje mandó empleados del IPAX a los mítines de la entonces candidata a gobernadora, con la idea de congraciarse con la abanderada.

Pero con lo que vamos a describir a continuación, ya se verá si la próxima gobernadora de Veracruz decide cobijar a los corruptos que apoyaron su candidatura o si decide realmente castigar a las ratas de dos patas.

Si sucediera lo primero, la morenista se convertiría en cómplice por omisión. Si no perdona estas faltas, pasará a la historia como la mandataria estatal más honesta de Veracruz.

Veamos:

De acuerdo con información que nos fue proporcionada desde adentro del IPAX, éstas son algunas de las irregularidades:

1.- Renta de vehículos patrullas y utilitarios. En 2021 se pagó $ 19’574,675.20; en 2022, $ 22’207,086.40 y en 2023, $ 15’737,801.20. Esta renta de vehículos es negociada 50% y 50 %, proveedor y arrendatario (Mario Tencle y Dr. Ramírez).

2.- Alimentos facturados por la empresa “Los de antes”. Esa compañía es la encargada de proveer la despensa y otros insumos, entre ellos cárnicos. En 2021 pagaron $ 8’709,969.24; en 2022,  $ 7’025,299.28 y en 2023, $ 7’836,105.07. Los precios están muy altos tan sólo en las piezas de pollo y kilogramos de carnes. Se presume que estos proveedores habrían dado “moches”. Aseguran que el propietario o prestanombres de la referida empresa es Froylán Riveros, primo hermano del Comisionado del IPAX, Héctor Manuel Riveros Hernández. (Se investigará más a fondo).

3.- Uniformes policiales. En 2021 pagaron $ 20’352,011.24; en 2022, $ 27’323,156.42 y en 2023, $ 22’529,194.04. Estos uniformes de acuerdo con el reglamento interior del IPAX, los elementos deben ser provistos por dos uniformes por año (Se investigará más a fondo las entregas).

4.- Casa adquirida por Comandancia de la zona Poniente. En 2022 pagaron por ese inmueble $ 2’400,000.00. La casa fue desalojada por el Ayuntamiento de Xalapa.

5.- Existen “aviadores” identificados sin laborar. Hay alrededor de 40 que han cobrado desde 2021 al 2023. Es probable que sigan cobrando en lo que va de 2024. Se supone que habrían recibido autorización del Gobernador para darlos de alta en la nómina (Se revisará y se investigará a fondo con nombres y apellidos de los que cobran sin devengar el sueldo).

6.- Pérdida de servicios importantes. En 2021 perdieron al cliente Ferrosur. Este servicio representaba un importante ingreso mensual. Y el más reciente e importante servicio perdido después de más de 40 años de servicio fue el de CFE en la Comandancia de Laguna Verde. En 2021 ese cliente pagó $ 82’000,000.00; en 2022, $ 87’000,000.00 y en 2023, $ 93’500,000.00. Como se advierte, el ingreso anual era muy importante. Por tal razón no se debió perder la licitación para el servicio de 2024. (Esto debe ser investigado y revisado a fondo, para verificar si fue por incumplimiento de entrega de documentación o por acuerdo).

7.- Necesario revisar los procedimientos de la oficina de Adquisiciones. Las licitaciones están “amarradas” con un mismo proveedor y ese mismo consigue dos empresas más para supuestamente “transparentar”. Esto implica el arreglo de los porcentajes de aportaciones del proveedor. Esta oficina depende de la Subgerencia de Recursos Materiales y de la Gerencia de Administración.

8.- Necesario revisar los procedimientos de la oficina de transportes para la asignación de proveedores de mantenimiento vehicular y las comprobaciones de las reparaciones realizadas a las unidades. Se tienen acuerdos con proveedores para reparaciones en talleres exclusivos en los que por razones del porcentaje de aportación cargan los cobros por reparación muy altos y no aplicados a las unidades mientras el jefe de la oficina de transportes le da su visto bueno sin revisar, sólo arreglado con el proveedor.

9.- Revisar el presupuesto de egresos por concepto de consumo de combustible ya que no hay control de kilometrajes recorridos en las bitácoras que la mayoría de los vehículos no la tienen. Las bitácoras de mantenimiento y de consumo de combustible no existen, de tal manera que no justifican los gastos por estos conceptos. Están exageradamente elevados ambos rubros.

10.- El presupuesto anual de ingresos aproximado por concepto de servicios prestados es de $1,250’000,000.00 de los cuales el 90 % es para nómina, de tal manera que el otro 10 % se presupuesta para egresos. Se requiere revisar a fondo el total de pagos por nómina que ocupan ese 90 %.

Y esas son apenas algunas de las irregularidades. Están por proporcionarnos más información detallada y documentada que al darse a conocer provocarán náuseas en más de un ciudadano y lector honesto.

Algunas de las ratas del IPAX tratarán de argumentar que en el manejo de las finanzas y el presupuesto, en ese instituto son “autónomos”, por tratarse de una OPD (Organismo Público Descentralizado), pero no olvidemos que la ley que dio origen a ese instituto establece que la máxima autoridad del mismo es la Junta de Gobierno, que es un órgano colegiado que preside el C. Gobernador del Estado.

Así que ya se verá si Nahle se hace de la vista gorda de lo que ocurre en esa “Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones” o si decide aplicar raticida en serio y a fondo a esa pestilente cloaca. Si opta por esto último, Rocío se llevará la sorpresa de su vida pues tras “fumigar” esa madriguera, saldrán huyendo ratas tan grandes que parecerán canguros.