Recientemente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación en contra del periodista Carlos Loret de Mola, Berenice Yaber, su esposa, y Víctor Trujillo, conocido por su icónico personaje ‘Brozo’.
Se presume que la investigación está relacionada con una serie de reportajes titulada “El Clan”, que expone los contratos millonarios conseguidos por Amílcar Olán, un amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De esta manera, la UIF envió oficios a diversas entidades financieras, bancos y casas de bolsa solicitando información sobre Loret, su esposa y Víctor Trujillo, y que el 5 de junio se emitió un oficio para investigar a dos empresas relacionadas con Latinus: Latinus Media Radio y Latinus Media MX.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista afirmó:
“Ya no es solo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza, una cobardía. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos? En vez de investigar sus propios escándalos de corrupción, el gobierno usa de nuevo las instituciones del Estado para vengarse de los periodistas que documentamos esa corrupción. Quiere acabar con Latinus. Quiere acabar con nosotros. En cualquier país respetuoso de las libertades esto sería inadmisible, impensable, escandaloso”.
Desde sus inicios, la plataforma Latinus, donde participan tanto Loret de Mola como Brozo, ha sido un espacio crítico del gobierno federal, publicando diversos reportajes que han generado polémica en el ámbito político.
Es por ello, que Loret percibe la investigación de la UIF como un intento del gobierno para silenciar voces críticasy obstaculizar el trabajo periodístico independiente.
La respuesta de Loret de Mola y la divulgación de estas investigaciones abren un debate sobre la libertad de prensa y el uso de instituciones estatales en situaciones que pueden interpretarse como represalias políticas.
