EN CORTO… SIN CORTES
José Ortiz Medina
La versión corrió este miércoles como reguero de pólvora: que el Magistrado Humberto Oliverio Hernández Reducindo, presuntamente por instrucciones de la gobernadora electa, Rocío Nahle, habría pedido a casi todos los togados del Tribunal Superior de Justicia del Estado su “renuncia” para efecto del 1 de diciembre del presente año.
Suena descabellado lo anterior, pero hay más de tres fuentes diferentes, y de alto nivel, que confirmaron algo que sería totalmente una aberración porque se trataría de la intromisión de un poder (cuya próxima titular ni siquiera asume aún el cargo) contra otro poder que en teoría es autónomo.
Pero nada sería de extrañar pues ese ha sido el sello de la casa. La 4T a nivel estatal ha -como nunca- decidido y mangoneado en el poder judicial estatal. En los gobiernos priistas sucedió algo similar, pero cuando menos se guardaban las formas, y hubo ocasiones en las que los magistrados se rebelaron e impusieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia aún en contra de la voluntad del gobernador en turno.
Asimismo, es un secreto a voces que el Magistrado Humberto Oliverio Hernández Reducindo sería una especie de testaferro del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín, y quien es uno de los alfiles de Rocío Nahle.
A este contexto se añade la sospecha de que la actual presidenta del TSJE habría sido nombrada -al igual que sus dos antecesoras- bajo el visto bueno del ex Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para quien Nahle habría dicho que no habrá ni perdón ni olvido.
Así que no sólo les estarían cantando las golondrinas a varios magistrados sino también a la presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, relacionada políticamente con el oriundo de Otatitlán. Dicen que destino similar tendrán las titulares de al menos otros dos órganos autónomos legalmente, pero supeditados políticamente al poder ejecutivo, que fueron nombradas o propuestas por Cisneros Burgos.
De renuncias presumiblemente ordenadas por la próxima gobernadora habría supuestamente un antecedente cuando días previos a la elección del 2 de junio, les exigieron su dimisión a Yair Ademar Domínguez, Israel Hernández Roldán y Rafael Castillo Zugasti, quienes se desempeñaban, respectivamente como subsecretario de Gobierno, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos y como director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. Estos tres, como es sabido, tienen el sello de Eric Cisneros.
La supeditación o la anulación del poder judicial es también la tendencia a nivel federal en donde mediante una reforma a todas luces golpista, tratan de imponer a ministros y jueces “del Bienestar”.
Acaso en Veracruz también querrán homologar la reforma federal, y tal vez ya por eso de manera anticipada estarían ya dándole las gracias a los actuales magistrados, para imponer a jurisconsultos mediante un disfrazado y manoseado “voto popular”, que no será más que la aplastante aplanadora morenista.
P.D. Anoche mismo trascendió que hay mucha molestia entre los Magistrados del TSJE porque los quieren “renunciar”; dicen que no van a permitir semejante intromisión de la 4T.
FUERZA CIVIL, EL ENGENDRO DEL CLAN DUARTE-KARIME
Pocos recuerdan ya que la corporación Fuerza Civil fue idea de Karime Macías Tubilla.
Karime, en aquel entonces esposa de Javier Duarte, metía la nariz en todo.
Y a mitad del gobierno, la intromisión de “Lady Merezco Abundancia” ya era en abierto. Ella presidía, junto con Javier o sin él, reuniones privadas en Casa Veracruz”.
Una de las áreas en la que Karime comenzó a tener injerencia fue precisamente Seguridad Pública.
Y tras un dizque sesudo estudio de las empresas de manejo de imagen a las que les pagaban una millonada, finalmente se llegó a la conclusión de que para mejorar la percepción ciudadana hacia la policía estatal, había que crear un cuerpo de élite que aparte de eficaz, generara mayor confianza a los veracruzanos.
Fue entonces que, asesorada por su prima Córsica Ramírez Tubilla, doña Karime decidió todo en la nueva corporación, desde el nombre (Fuerza Civil), el diseño de los uniformes, el logotipo, los colores de las patrullas, etcétera.
Obvio que todo quedó en un mero “gatopardismo” (cambiar para que todo quede igual), y lo único que cambió fueron los altos sueldos a sólo unos cuantos jefes policíacos y concederle un poder excesivo a esos gorilas con uniforme.
El error de Cuitláhuac García fue haber mantenido no sólo la existencia de esa policía de élite en casi todo su sexenio, sino que no depuró a los malos elementos ni tampoco detectó los intereses creados de mandos superiores que seguían pudriendo a la corporación.
Bien dice Manuel Huerta que ya es demasiado tarde para desaparecer a la Fuerza Civil, pero acaso lo más importante será ahora -como también lo afirma el senador electo- investigar a fondo quién dio la orden de disparar a los campesinos de Totalco.
Porque desapareciendo Fuerza Civil no se debe borrar este reprobable episodio, sino de permitir que las investigaciones sean a fondo, caiga quien caiga.
