Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el periodista Carlos Loret de Mola no es investigado, sin embargo, sí el consorcio del que forma parte el medio de comunicación Latinus, por lavado de dinero y corrupción.
“La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido a ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución que establece la inviolabilidad en la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio”, explicó este miércoles.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF descartó que la investigación se trate de persecuciones.
“No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno y lo digo así porque la aplicación del artículo séptimo es parejo”, comentó.
La investigación por lavado de dinero y corrupción es al consorcio que encabeza Cristian González Guadarrama y que lo conforman Latinus Media Group, Latinus Media Radio, Latinus Media Hub S.A. de C.V, BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V.
De manera particular, explicó que BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic S.A. de C.V. obtienen recursos de entidades públicas
“Todos sus ingresos vienen de entidades públicas, esas entidades públicas reciben, a cambio… se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso”, explicó.
Explicó que Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo y Estado de México son algunas de las entidades de donde proceden los recursos.
“Estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024 de 2,437 millones. ¿Por qué se ha denunciado a este consorcio?, por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021; entonces no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República”, indicó.
A la empresa BCG Limited Consulting, el gobierno de Nuevo León dio pagos directos por 29 millones 26,707 pesos; el de Sinaloa por 15 millones 80,000 pesos, y el de Tamaulipas por 4,200 millones de pesos.
