José Ortiz / EN CORTO
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica y 45 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura, que estará presidida por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén.
La Comisión Permanente de Vigilancia quedó integrada por las diputadas y diputados: Miguel Guillermo Pintos Guillén, presidente; Alejandro Porras Marín, secretario, y Bertha Rosalía Ahued Malpica, Paul Martínez Marie, José Reveriano Marín Hernández, Liud Herrera Félix, Daniel Cortina Martínez, Lucía Begoña Canales Barturen, Ramón Díaz Ávila, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, Estefanía Bastida Cuevas, Enrique Cambranis Torres, Ana Rosa Valdés Salazar y Luz Alicia Delfín Rodríguez, en calidad de vocales.
En ese tenor, la instancia legislativa dio inicio ya a los trabajos en cuanto a la revisión y fiscalización de los recursos públicos estatales, y demás atribuciones conferidas por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz.
De acuerdo al Artículo 44 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, a diferencia del resto de las Comisiones Permanentes, integradas por tres diputadas o diputados elegidos por el Pleno a propuesta de la Jucopo, la Comisión Permanente de Vigilancia se conforma mediante el sistema de representación que tenga cada grupo legislativo cuyo número lo determina la Jucopo, contando con la presencia de una presidencia, una secretaría y las vocalías necesarias.
Hasta ahí está bien la cosa.
El detalle es que el nuevo presidente de la Comisión de Vigilancia, encargada del correcto uso de los recursos públicos, fue señalado de presunta corrupción y tráfico de influencias cuando Miguel Guillermo Pintos Guillén fungió como Secretario del Ayuntamiento que estuvo presidido por el ex alcalde morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo.
Y es que a sólo tres meses haber ocupado el cargo, el entonces presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, ya contaba con denuncias en su contra por amenazas, corrupción y desvíos de recursos destinados a obras públicas y contratos asignados de manera directa por 31 millones 226 mil 362 pesos.
Las irregularidades, a las que también se sumó la presunta falsificación de documentos de actas de cabildo, fueron detectadas y denunciadas en su momento por la ex síndica única del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez, las cuales fueron investigadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Delitos de la entidad.
El monto de más de 31 millones de pesos fue resultado de 37 contratos que fueron otorgados a diversas empresas por el gobierno del entonces alcalde Carranza Rosaldo y que fueron violatorios a las leyes de Adquisiciones, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles de Veracruz y de Obras Públicas en la entidad.
Entre los contratos de obra pública con presuntas irregularidades detectadas y denunciadas, se encuentran el de la empresa Hidrocarburos-Marítimos-003/18, por un monto de 4 millones 526 mil 135 pesos, la rehabilitación del mercado Úrsulo Galván, destinado al contratista de manera directa; Construcciones y Arrendamiento de Maquinaria, por 1 millón 447 mil 36 pesos; así como la rehabilitación de las instalaciones del CRIS de Coatzacoalcos, adjudicada a la empresa Labss INM por 2 millones 51 mil 475 pesos.
También la firma de dos contratos por 3 millones 974 mil 585 pesos y 4 millones 148 mil 790 pesos, bajo el concepto de adquisición de luminarias que el Gobierno municipal destinó de manera presuntamente ilegal a la empresa Consorcio de Ingeniería y Asociados, entre otros.
La entonces síndica municipal Yazmín Martínez Irigoyen notificó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al Congreso Local, a la entonces presidenta del partido morenista, Yeidckol Polevnsky y al Presidente de México que había recibido amenazas e intimidación por parte del entonces alcalde por detectar y denunciar dichas anomalías ante las autoridades correspondientes.
Martínez Irigoyen expuso en esa ocasión que Víctor Carranza realizó diversos actos intimidatorios, amenazas contra su persona y lo responsabilizó de cualquier situación que le suceda.
“He señalado la serie de irregularidades en obras públicas y contratos, que son asignados de forma directa, a personas amigas tanto del alcalde, como del Secretario, Miguel Guillermo Pintos Guillén; del Tesorero, Mario Humberto Pintos Guillén; y el coordinador jurídico del Ayuntamiento, Agustín Jiménez Hernández”, detalló la entonces Síndica en la misiva.
Dicho sea de paso, se sabe que el entonces Tesorero Mario Humberto Pintos Guillén fue nombrado en ese cargo por recomendación de su hermano Miguel Guillermo.
O sea, con qué calidad moral Miguel Guillermo Pintos Guillén va a pedir a los alcaldes y titulares de otros entes fiscalizables que actúen con pulcritud, y que -sobre todo- no incrusten a sus familiares en la nómina, es decir, que no incurran en nepotismo, si Miguel Guillermo no ha sido en el pasado reciente un buen ejemplo de honestidad y transparencia.
Pero así se las gastan en la 4T. Incurren exactamente en lo mismo en que los morenos no hace mucho cuestionaban a priistas y panistas. Tantita congruencia, por favor, y no traten de mentir y defraudar a los ciudadanos.
