Redacción Versiones
Al CEN del PVEM llegó una tarjeta informativa que deja muy mal parado al ex dirigente estatal de ese partido, y actual diputado local, Marcelo Ruiz Sánchez.
La tarjeta en cuestión es muy breve pero es tremenda bomba que representa desde ya un mega escándalo en el partido del Tucán.
El documento señala lo siguiente:
Puntos clave del caso:
- Desvío de recursos públicos:
Según el expediente INE/P-COF-UTF/151/2019/VER, el PVEM utilizó empresas fantasma y simuló operaciones para justificar prerrogativas destinadas a actividades electorales.
- Patrón reiterado:
El PVEM ha acumulado sanciones por más de 57 millones de pesos (24 millones en 2021 y 33 millones en diciembre de 2023), lo que evidencia un esquema sistemático de malversación de fondos.
- Marcelo Ruiz Sánchez, figura clave:
El exdirigente estatal del PVEM y actual diputado local está señalado como responsable directo de estas irregularidades. Movimientos financieros detectados por la UIF revelan un estilo de vida que incluye propiedades de lujo en la Riviera Maya, camionetas blindadas y otras extravagancias, difícilmente justificables con sus ingresos oficiales.
- Notificaciones a instancias legales:
Además de las sanciones económicas, el INE ordenó notificar al SAT, la UIF y la FGR, lo que podría derivar en investigaciones penales contra los responsables.
- Implicaciones políticas:
El caso pone en una posición complicada al diputado federal Javier Herrera Borunda, quien podría sentirse traicionado por sus aliados locales, y plantea un reto para la gobernadora Rocío Nahle, quien busca ordenar Veracruz pero enfrenta aliados que parecen más un obstáculo que un apoyo.
Propuesta de análisis:
Este caso no solo involucra un mal manejo de recursos públicos, sino que también expone el nivel de descomposición interna de ciertos partidos políticos en Veracruz. Es una oportunidad para profundizar en cómo estas prácticas afectan la credibilidad del sistema democrático y plantear la necesidad de reformas más estrictas en la fiscalización de los recursos partidistas.
P.D. Datos filtrados de fuentes de la UTF, nos indican que existe un contubernio tal que se demostró que la empresa impartidora de los “cursos” cobraba las facturas correspondientes y en el mismo acto retornaba la comisión correspondiente a la cabeza de la banda saqueadora de las prerrogativas del Verde.
