Javier Hernández Hernández*
La reciente reforma constitucional en Veracruz, que llevará por primera vez a las urnas la elección de magistrados, jueces y otros cargos judiciales, representa un cambio sin precedentes en el sistema de justicia del estado. Sin embargo, a menos de seis meses de la jornada electoral programada para el 1 de junio de 2025, la falta de claridad en el procedimiento amenaza con sumir el proceso en la confusión y la inseguridad.
El principal problema radica en la ausencia de reglas específicas sobre cómo se desarrollará esta elección, que coincide con los comicios municipales para renovar los 212 Ayuntamientos. Mientras que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) es señalado como el responsable de organizar y computar los resultados, no existen lineamientos claros que determinen dónde y bajo qué condiciones se realizará el cómputo de los votos para los juzgadores. Esta omisión deja abiertas preguntas fundamentales: ¿se contarán los votos en los consejos municipales junto con los resultados de las alcaldías? ¿Se dispondrá de centros de cómputo independientes para evitar interferencias?
El contexto electoral municipal de Veracruz agrava las preocupaciones. Las elecciones locales suelen caracterizarse por altos niveles de conflicto, incluyendo violencia, robo de urnas y disputas encarnizadas por el poder municipal. Al superponer ambos procesos, se corre el riesgo de contaminar la elección de los juzgadores, comprometiendo no solo su legitimidad, sino también la credibilidad del sistema judicial. La imparcialidad y la autonomía de los futuros jueces y magistrados podrían verse afectadas por el mismo clima político que domina las elecciones municipales.
Otro desafío significativo es la logística y seguridad en el traslado de los paquetes electorales. Sin protocolos definidos para proteger los materiales de la elección judicial, se expone el proceso a posibles irregularidades. ¿Quién será el responsable de custodiar estos votos? ¿Qué garantías existen para evitar que sean manipulados o robados? Estas preguntas permanecen sin respuesta, y el tiempo apremia.
La solución a esta incertidumbre exige una reforma inmediata al Código Electoral de Veracruz. El marco normativo actual no prevé los detalles necesarios para asegurar un proceso ordenado, transparente y seguro. Desde la definición de campañas hasta la logística de la votación y el cómputo, el vacío legal pone en riesgo un esfuerzo que busca democratizar la justicia.
Veracruz está ante una oportunidad histórica para marcar un precedente nacional, pero no puede permitirse que un proceso tan relevante quede atrapado en la improvisación y la falta de previsión. La reforma es urgente y debe priorizarse, porque lo que está en juego no es solo el éxito de una elección, sino la confianza en las instituciones que sostienen el Estado de Derecho.
*Ex Magistrado del TEV
