José Ortiz / En Corto
El periodismo es la última línea de defensa de una sociedad democrática; cuando las instituciones se debilitan, el ejercicio libre de la prensa es lo primero que se ve amenazado. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) tiene la responsabilidad de salvaguardar este principio fundamental. Sin embargo, su reciente actuar ha generado inquietud en el gremio, al parecer más enfocada en emitir exhortos moralistas que en enfrentar los verdaderos desafíos que aquejan a los comunicadores.
El comunicado donde llama a los periodistas a mantener un comportamiento “ético y profesional” es un claro ejemplo de cómo la Comisión ha desviado su misión principal hacia un discurso que sugiere control en lugar de protección. Es innegable que la ética es esencial en el ejercicio periodístico, pero imponer desde un organismo de protección un código de conducta no solo resulta impertinente, sino que además envía un mensaje preocupante sobre el papel de la prensa en una sociedad democrática.
Las instituciones, cuando pierden su rumbo, dejan al periodismo en una posición vulnerable, convirtiéndolo en un blanco fácil de intereses políticos y económicos. La CEAPP debería centrar su actuar en fortalecer los mecanismos de protección, generar condiciones seguras y servir como un contrapeso efectivo ante posibles abusos de poder contra la prensa. Veracruz sigue siendo un territorio hostil para el ejercicio del periodismo, y se necesita una Comisión que actúe con firmeza, transparencia e independencia, no como un brazo auxiliar de la narrativa oficial.
Es momento de que la CEAPP haga una autocrítica profunda y reoriente su labor hacia acciones concretas en pro de los periodistas. Es necesario que adopte un enfoque de acompañamiento real, basado en la defensa de la libertad de expresión, la seguridad de los comunicadores y el fortalecimiento de su independencia frente a cualquier presión política.
Si la CEAPP desea recuperar la confianza del gremio, debe demostrar con hechos su compromiso inquebrantable con la protección del periodismo, alejándose de posturas que más parecen directrices gubernamentales que acciones genuinas en defensa de quienes ejercen una labor crucial para la democracia.
