El pasado viernes 28 de febrero, renunció a la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, Enma Patricia García Rodríguez, confirmaron a Versiones fuentes directas vinculadas a este caso.
Lo anterior, tras enfrentar la aludida una presunta denuncia por los presuntos delitos de probable uso ilegal de recursos públicos, aparente evasión fiscal y supuesto despojo de un inmueble.
Trascendió que García Rodríguez habría dicho en la Secretaría de Salud que ella tenía un buen “padrino” muy cercano a la gobernadora Rocío Nahle, quien era el que la sostenía en ese cargo, pero con la dimisión se demuestra que su “protector” ya la “soltó”.
De acuerdo con versiones difundidas, la denuncia fue presentada en su momento ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y donde se le relacionaría presuntamente su participación en un cártel inmobiliario similar al que operaba en la Ciudad de México.
Dentro de las pruebas presentadas en la investigación, destaca la supuesta confesión de García Rodríguez sobre la supuesta ocupación de una casa en la ciudad de Xalapa, misma que no se ha demostrado de manera contundente, haya contado con la autorización del propietario o de una persona debidamente autorizada para hacerlo.
Se presume que la funcionaria se ampararía en el arrendamiento a una empresa denominada Inmobiliaria BRO, con sede supuestamente en Mexicali, Baja California, sin embargo, las investigaciones establecen que el domicilio en donde supuestamente se ubica dicha empresa, no existe empresa alguna y peor aún, que dicha firma estaría involucrada ya en otros casos similares de despojo de viviendas a particulares en diversas partes del país.
Además, la ex Contralora Interna habría aceptado y sostenido la supuesta posesión de la propiedad mediante un supuesto contrato de arrendamiento con una empresa presuntamente fantasma, lo que agrava la situación.
Durante el proceso, se ha destacado que, a pesar de haber sido citada ante la Fiscalía General de Justicia en Veracruz, García Rodríguez no ha procedido a reparar el daño entregando la posesión, lo que podría afectar el beneficio del delito culposo.
